Las calles de España claman contra el Real Decreto 666/2023 y piden dejar de poner en riesgo la salud de los animales

Durante el fin de semana ha habido movilizaciones en toda España de veterinarios y tutores de animales para exigir un cambio respecto a la ley del medicamento que afecta a la profesión veterinaria y, como consecuencia, del Real Decreto 666/2023, por considerar que “limita gravemente las competencias de los veterinarios y pone en riesgo la salud de los animales y, por lo tanto, la salud pública”.

Bajo el lema “Veterinarios y familias, unidos por el bienestar animal y la salud pública”, las concentraciones se han desarrollado en 38 ciudades, incluyendo Madrid, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Santiago, Las Palmas o Bilbao. Además, Murcia ha anunciado su convocatoria para el domingo 15 por la mañana, y Huelva saldrá a la calle el día 20 en horario de tarde.

Se busca acabar con las trabas administrativas, limitaciones clínicas y sanciones desproporcionadas a los profesionales sanitarios responsables de la salud de los animales.

Durante las concentraciones se ha leído un manifiesto conjunto, donde se denuncian las consecuencias reales de esta normativa: dificulta la atención inmediata a los animales; genera sobrantes peligrosos y fomenta la automedicación; obliga a seguir tratamientos obsoletos y desajustados; imposibilita al veterinario suministrar medicamentos en sus clínicas; y penaliza la prevención con un IVA del 21% y castiga errores administrativos con sanciones de hasta 1,2 millones de euros.

El vicepresidente del Colegio Oficial de Veterinarios de Tenerife, Mario González-Coviella, destacó que “en otros países europeos, los veterinarios pueden ejercer con libertad, ajustando tratamientos a cada paciente, suministrando los medicamentos necesarios y tomando decisiones basadas en la evidencia científica y el criterio clínico. Pero en España nos criminalizan y nos atan las manos”.

La presidenta del Colegio de Veterinarios de Santa Cruz de Tenerife, María Luisa Fernández Miguel, subrayó que la normativa “nos impide ejercer nuestra labor con rigor científico, afecta a nuestra profesión, a los animales que tratamos y, por supuesto, a las familias que conviven con ellos”.

Fernández Miguel explicó que el decreto impone severas restricciones a la prescripción de medicamentos, incluso cuando hay evidencia científica de su eficacia. Un ejemplo claro es el de la filariosis canina, enfermedad prevalente en Canarias, cuyo tratamiento requiere el uso del antibiótico doxiciclina, aunque esté no está autorizado oficialmente para este fin.

“La ficha técnica de la doxiciclina no contempla su uso contra la filaria, lo que nos impide administrarla, a pesar de que la ciencia nos dice que es esencial”, afirmó.

Por su parte, el presidente del Colegio de Veterinarios de Las Palmas, Alejandro Suárez, manifestó que “levantamos la voz contra un real decreto que pone en riesgo la capacidad de actuación de los veterinarios, comprometiendo el bienestar animal y la seguridad sanitaria. No se puede legislar sin contar con quienes estamos en primera línea del cuidado de los animales”.

Apoyo de la ciudadanía ante la situación que está viviendo el colectivo veterinario

Desde el colectivo profesional se ha agradecido el respaldo ciudadano, especialmente de las familias con animales, cuya presencia ha sido masiva y muy emotiva en muchas localidades. “El apoyo de los propietarios de mascotas ha sido total. La ciudadanía ha comprendido que no se trata solo de una reivindicación profesional, sino de una causa que afecta directamente al bienestar de sus animales y a su propio derecho a una atención sanitaria veterinaria fundamentada en criterios clínicos”, subrayan desde el Comité de Crisis Veterinario.

El movimiento veterinario ha dado un paso histórico este fin de semana. La profesión veterinaria continuará movilizándose sin descanso hasta que sus derechos como sanitarios sean reconocidos y respetados.