Venta de medicamentos por el veterinario y derogar el RD 666/2023, entre las enmiendas a la Agencia Estatal de Salud Pública

El Gobierno reinició recientemente el Proyecto de Ley por la que se crea la Agencia Estatal de Salud Pública y se modifica la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, trsa el rechazo del Congreso de los Diputados.

Los diferentes partidos políticos están presentando enmiendas al articulado. Entre ellas, destacan las presentadas por el Grupo Parlamentario Junts per Cataluña reclama modificar el artículo 4 del Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, para que se autorice a los veterinarios "la compatibilidad de ejercicio clínico con la venta por menor para animales no productores de alimentos que disponen de historial clínico en el mismo centro veterinario o bien presente un cuadro clínico que requiere un tratamiento urgente". También agregar que "el ejercicio clínico de la medicina, odontología,y otras profesiones sanitarias con facultad para prescribir o indicar la dispensación de los medicamentos, serán incompatibles con el desempeño de actividad profesional o con la titularidad de oficina de farmacia, con excepción del ejercicio clínico de la veterinaria que será compatible con la actividad profesional o titularidad de farmacia veterinaria".

España, Italia y Suecia, únicos que no permiten vender medicamentos a los veterinarios 

Desde Junts per Cataluña recuerdan que "el Reglamento Europeo 2019/6 permite la venta por menor al veterinario en el ejercicio de su profesión y aboga por armonización dentro del mercado único. El Reglamento Europeo considera legítimo que los veterinarios vendan al por menor medicamentos veterinarios. De hecho, es la práctica habitual en 24 de los 27 países miembros, siendo la excepción el estado español, Italia y Suecia". 

"La mayor garantía para el consumidor, para la salud animal y para la salud pública es que al usuario lo atienda el profesional con mayor cualificación profesional para ello. Además, al derivar al usuario al canal farmacia hay cuatro o cinco intermediarios, complicando al consumidor el acceso al medicamento y encareciendo el precio final: distribuidor mayorista zoosanitario, distribuidor mayorista farmacéutico, prescripción veterinaria, oficina de farmacia y, muchas veces, vuelta al centro veterinario para ser informado sobre su aplicación y uso", añaden.

También abogan por modificar el apartado 2 del artículo 38 del Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, para incorporar a los veterinarios en la distribución y dispensación de medicamentos veterinarios.

Otro aspecto que recogen es la derogación del Real Decreto 666/2023, de 18 de julio, por el que se regula la distribución, prescripción, dispensación y uso de medicamentos veterinarios. Entre sus motivos, exponen que "el facultativo veterinario, al aplicar el RD 666/2023, somete al animal a una práctica negligente según el código deontológico, porque no se basa en el conocimiento técnico y científico actualizado y, en consecuencia, aplica un tratamiento no adecuado que prolonga el sufrimiento y daño físico del animal. Al no usare el antibiótico más adecuado desde el primer momento, se produce un empeoramiento de la infección, se alarga en tiempo la situación patológica, e incluso puede aparecer daño de los órganos internos, septicemia y fallecimiento".

Además, hacen hincapié en que se están vulnerando principios jurídicos como el principio de igualdad, "se impone al sector veterinario una carga que no recae sobre otros colectivos profesionales -en especial, el sector médico y farmacéutico humano, que no tienen sistemas de control similares, a pesar de ser responsables del 99 % del consumo de antibióticos. Esto vulnera el principio de equidad sectorial".

"Imponer declaraciones quincenales de las prescripciones, con los campos tan detallados y las fuertes restricciones en la prescripción veterinaria podría considerarse abusivo porque consideramos que se trata de una carga desproporcionada sin justificación técnica suficiente. Aunque sea legal en apariencia, el fondo de la cuestión puede chocar con principios constitucionales y del derecho europeo", agregan.

Por su parte, el Grupo Parlamentario Republicano piden que se introduzcan cambios en lo referente a la regulación actual del medicamento veterinario. Así, instan a agregar que, "en el plazo de 6 meses a partir de la aprobación de la presente ley, y fruto del diálogo que se sustancie entre los ministerios de Agricultura y Sanidad con el sector veterinario, el Gobierno articulará las fórmulas necesarias, incluyendo la revisión y la eventual introducción de los cambios pertinentes en la regulación vigente, para la disponibilidad de los medicamentos y en particular los antibióticos, en las farmacias y otros centros dispensadores autorizados, de acuerdo con las presentaciones adecuadas tanto para los veterinarios prescriptores como para los propietarios de los animales". Con el objetivo de dar cumplimiento al acuerdo aprobado derivado de la Proposición No de Ley sobre la situación del sector veterinario y el impacto del Real Decreto 666/2023 que se sustanció en la sesión de la Comisión de Agricultura del Congreso de los Diputados en fecha de 27 de mayo de 2025.