La entrada en vigor del Real Decreto 666/2023, por el que se regula la distribución, prescripción, dispensación y uso de medicamentos veterinarios, ha implicado una serie de obstáculos para la labor veterinaria, lo cual ha traído una ola de manifestaciones en toda España por parte del colectivo veterinario. El éxito de estas movilizaciones ha forzado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) promotor principal de este polémico RD, a maniobrar para tratar de aplacar tanta crítica.
Primero prometió una reunión con los colegios de veterinarios, de farmacéuticos y la industria veterinaria, que finalmente fue desconvocada. Y el pasado día 8 trató sin éxito de promover ante los directores generales de Agricultura de las comunidades autónomas dos notas informativas aclaratorias sobre prescripción excepcional y ordinaria, que tampoco fueron avaladas por tales responsables. Ahora, la Organización Colegial Veterinaria (OCV) ha presentado a los colegios y ha compartido con tales responsables autonómicos y los grupos políticos con representación parlamentaria varios informes técnicos críticos contra tales notas, y se ha ratificado en un tercer dictamen en la necesidad de ir más allá y reformar no solo el RD 666/2023 sino también la regulación general del medicamento veterinario.
Derivado de la protesta veterinaria realizada el pasado 7 de mayo, en el Congreso de los Diputados, representantes de varios partidos políticos se acercaron a los manifestantes y mostraron interés por las reivindicaciones de los veterinarios. Mientras la concentración se desarrollaba con éxito en frente de la cámara baja, en el Senado se aprobaba una moción del Grupo Popular que instaba al Gobierno a sustituir y a reformar el RD 666/2023, como recogimos en Diario Veterinario.
Al siguiente día, 8 de mayo, el Ministerio de Agricultura publicó una nota de prensa oficial -sin el sello del Ministerio de Sanidad o de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)- en la que la secretaria de Recursos Agrarios y Seguridad Alimentaria, Ana Rodríguez Castaño, anunciaba que en “los próximos días” se iba a reunir con las organizaciones colegiales veterinarias, con las de los farmacéuticos y con la industria de medicamentos veterinarios (Veterindustria) para intensificar así “las vías de diálogo”. Pero el texto partía de una idea ya preconcebida: “que tanto la legislación comunitaria como estatal permiten al colectivo dar el tratamiento de medicamentos adecuado a los animales”.
El comunicado ahondó en que Recursos Agrarios y Seguridad Alimentaria aclararía el proceso de prescripción y “cómo resolver los problemas de la clínica diaria”. Y el MAPA aportó en dicha nota los dos instrumentos para lograrlo: flexibilizar la prescripción ordinaria y la prescripción excepcional. “Ante las dudas suscitadas sobre el uso de Presvet entre los profesionales veterinarios, el Ministerio va a abordar con las comunidades autónomas una circular y una nota aclaratoria”, explicaba literalmente el comunicado.
Sin embargo, ese mismo día, el Comité de Crisis Veterinario respondió resaltando que consideraban "inadmisible" que el MAPA "margine a los veterinarios en favor del sector farmacéutico en asuntos clave que afectan directamente a nuestra profesión, como el suministro y manejo del medicamento veterinario", pidiendo también que fuera el propio Comité el interlocutor en las conversaciones, y anunciando que "solo aceptaremos reunirnos directamente con el ministro de Agricultura, Luis Planas, para abordar estos asuntos con la seriedad y rigor que merecen, como hemos solicitado reiteradamente".
En esta misma línea, el 9 de mayo, la Confederación Empresarial Veterinaria Española (CEVE) emitió un comunicado en el que exigía reunirse con el propio ministro de Agricultura. No obstante, y según han informado diversas fuentes a Diario Veterinario, pese a que la nota del día 8 del MAPA anunciaba que se iban a reunir “en los próximos días” con el colectivo veterinario, dada la airada reacción provocada, “el encuentro ha sido desconvocado, de momento”.
La cita con los colegios profesionales no se produjo, pero Valentín Almansa de Lara, director general de Sanidad de la Producción Agroalimentaria y Bienestar Animal y promotor del criticado RD, el mismo día de la protesta, 7 de mayo, remitió a los directores generales de Agricultura de las comunidades autónomas los borradores de las dos notas aclaratorias informativas que al día siguiente, 8 de mayo, iba a anunciar Rodríguez Castaño, sobre prescripción ordinaria y prescripción excepcional.
Y con menos de 24 horas para analizarlas, convocó a tales responsables ese mismo día 8 para buscar su respaldo y, con ello, evitar la reforma legal de mayor calado que están reivindicando los veterinarios. Pero su respuesta no debió ser la esperada, la mayoría de directores autonómicos manifestaron que "resulta imprescindible seguir manteniendo reuniones con los colegios de veterinarios de las provincias españolas, ya que es patente y evidente que las movilizaciones que se están sucediendo continuamente por todo el país desde el pasado mes de febrero, solicitando la derogación del Real Decreto 666/2023, merecen un análisis pormenorizado por parte de las direcciones generales regionales de Agricultura", las cuales ya están solicitando reuniones con las instituciones colegiales.
Según ha tenido acceso este medio, y derivado de toda esta situación, la Organización Colegial Veterinaria (OCV) ha elaborado tres informes técnicos con el fin de dejar clara su postura y compartirla con los colegios de veterinarios de todo el país, así como con los citados responsables autonómicos. De igual manera, también se les ha hecho llegar a todos los grupos parlamentarios que se han mostrado interesados por la causa de los veterinarios, incluido el Partido Socialista. Se pretende con ello, según las fuentes consultadas, "hacer un trabajo riguroso y detallado que respalde las reivindicaciones que han motivado que los veterinarios de todo el país se hayan unido en estas históricas movilizaciones”.
Un primer informe, sobre la ‘Problemática de la Regulación de Medicamento Veterinario en España’, concreta “las limitaciones que afectan a la libertad de prescripción y que provienen de una interpretación restrictiva del Reglamento UE 2019/6” a causa de, según se desarrolla posteriormente, “el seguimiento estricto de las fichas técnicas (FT)” o la “falta de flexibilidad en la prescripción excepcional”. De igual manera, se analizan los conflictos “originados por la regulación española, estableciendo un marco normativo diferente al que predomina en el resto de los países de la UE” (fundamentalmente por la categorización obligatoria de antibióticos) y se concluye por todo ello que, más allá de reformar el RD 666/2023, es necesario también introducir cambios en el RD Ley 1/2015 para autorizar a los veterinarios poder suministrar medicamentos a los animales que tengan bajo su atención.
En segunda instancia, la OCV ha realizado sendos informes jurídicos y técnicos sobre las dos notas aclaratorias presentadas por el MAPA. De la primera, sobre prescripción ordinaria de medicamentos veterinarios, se concluye que “presenta importantes carencias técnicas, jurídicas y operativas que pueden afectar negativamente tanto al ejercicio profesional de la veterinaria como a la calidad de la atención sanitaria prestada a los animales y, por extensión, a la salud pública”. De la segunda, sobre prescripción excepcional, se aduce igualmente que “genera confusión, ambigüedad conceptual y una preocupante inseguridad jurídica para los profesionales veterinarios en el ejercicio de su labor clínica”.
"Se ha hecho un trabajo para que las autonomías estén al corriente de qué implicaciones tienen esas notas en términos jurídicos y de cuál es la problemática general", concluyen las fuentes consultadas por este medio.