Los veterinarios valencianos valoran los cambios de la norma del medicamento como “un avance” pero “insuficientes”
El Consejo Valenciano de Colegios Veterinarios (CVCV) sigue de cerca el resultado de las conversaciones del sector veterinario con el Ministerio de Sanidad y el de Agricultura para flexibilizar el polémico RD 666/2023. Y tras cinco meses de movilizaciones -desde febrero a junio se han sucedido nueve protestas a escala nacional, cuatro de ellas en la Comunidad Valenciana- el pasado 29 de julio el BOE publicó la Ley 7/2025 por la que se crea la Agencia Estatal de Salud Pública y se modifica la Ley 33/2011, de Salud Pública.
A juicio de la presidenta de la entidad colegial autonómica, Inmaculada Ibor, los cambios introducidos “son un pequeño avance, el primer paso en la reforma que los veterinarios y los responsables de animales necesitan para resolver los problemas de suministro de medicamentos”. Efectivamente, en esta ley se desarrolla la figura ya existente de la cesión de medicamentos por parte del propio centro y se abre la puerta a suministrar solo las unidades de medicamentos fraccionables necesarias para completar el tratamiento. Además, en caso de infecciones que necesiten ser atendidas de urgencia, se agiliza el recurso a ciertos antibióticos sin necesidad de pruebas que lo retrasen. Junto a ello, la Ley 7/2025, en su disposición adicional cuarta, incorpora la promesa del Gobierno para promover en el plazo de seis meses “una revisión y eventual modificación de la regulación vigente para la disponibilidad de medicamentos y, en particular, de antibióticos en las farmacias”. Con valorar “positivamente” este compromiso, Ibor remarca que “lo hecho es insuficiente” y que “el camino es aún largo, pero observamos mejor disposición al diálogo”.
Cesión de medicamentos por los veterinarios
Los cambios introducidos ahora sí están orientados a mejorar la atención a los animales. Como se venía reclamando, la nueva norma permite entregar al propietario de animales de compañía sólo las unidades requeridas (si el medicamento está autorizado para tal cosa) para llevar a buen término el tratamiento. Pero el listado de fármacos con posibilidad de una dispensación fraccionada, si bien son todos de uso común, se limita a 51 formas comerciales, que corresponden a 18 principios activos, de los que solo 11 de ellos se pueden usar en pequeños animales, siendo antibióticos 5 de estos. Además, en la línea de respetar el criterio científico de los profesionales, para los antimicrobianos de categoría B (que son de uso restringido para no favorecer las resistencias) ya no es obligatorio tomar una muestra biológica previa en casos de urgencia para así agilizar el inicio del tratamiento de la infección. De otro lado, se recoge un compromiso para simplificar la burocracia en relación con la receta electrónica así como campañas informativas y de formación al respecto.
Pese a todo ello, con la aprobación de esta ley aún se está lejos de culminar el proceso de reformas que veterinarios y titulares de animales han venido reclamando con insistencia durante los últimos meses. Queda pendiente la aprobación de la Ley de Medicamentos y Productos Sanitarios que, en su anteproyecto aprobado el 8 de abril, ya incluyó la posibilidad de que los centros veterinarios puedan vender al por menor medicamentos sin prescripción (antiparasitarios, analgésicos y antiinflamatorios leves, productos oftálmicos…) como, de hecho, ya lo hace cualquier supermercado, gasolinera o pajarería. “Para resolver los problemas de acceso que los usuarios sufren con el resto de medicamentos (los que sí exigen receta) y homologarse con las regulaciones que existen en la mayor parte de Europa, es también imperativo que al veterinario se le permita suministrar los fármacos que prescribe y que sean necesarios para completar únicamente los tratamientos de sus pacientes”, señala a este concreto respecto Ibor. “Respetamos el trabajo de las farmacias y no queremos reemplazarlas pero en las condiciones actuales nos vemos obligados a actuar para poder garantizar que, después de acudir a la clínica, el responsable del animal pueda de manera sencilla iniciar el tratamiento sin retraso ni error en el suministro de lo recetado”, matiza Ibor en consonancia con la plataforma reivindicativa de los veterinarios.
Tampoco se ha avanzado nada en las conversaciones para tratar de aliviar el exceso de carga burocrática que, innecesariamente, impone el RD 666/2023 en cuanto a la comunicación obligatoria, a través de una farragosa plataforma llamada PRESVET, de todas las recetas de antimicrobianos. O en las sanciones por incumplir en algún grado tales comunicaciones, que pese a las modificaciones introducidas para relajarlas, se sigue considerando que son abusivas. En los mismos términos, y aunque no afecta al RD 666/2023, podría hablarse del IVA a los servicios veterinarios que, al contrario que otros servicios sanitarios, desde 2012 sigue al mismo tipo máximo del 21% .
Iniciativa Popular
Dado el amplio respaldo popular que han evidenciado las movilizaciones de los veterinarios, el CVCV secunda la propuesta del Consejo General de Colegios Veterinarios de España para impulsar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP). “Queremos recabar más de 500.000 firmas para materializar ese apoyo que sabemos que tenemos y llevar al Congreso un texto que permita a los veterinarios actuar con autonomía, criterio clínico y sin las trabas legales actuales, que no se ajustan ni a la realidad de la profesión ni a la regulación existente en nuestro entorno europeo”, remarca Ibor.
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