El proyecto de Ley de la Agencia Estatal de Salud Pública genera “confusión e incertidumbre” a la patronal veterinaria

La aprobación de una enmienda transaccional (modificación propuesta por acuerdo entre diferentes grupos) al Proyecto de Ley que crea la Agencia Estatal de Salud Pública genera “confusión e incertidumbre” en el seno de la Confederación Empresarial Española (CEVE). Según su presidente, Sebastià Rotger, “es un intento más de proteger al sector farmacia y de desviar de manera artificial el mercado del medicamento veterinario cuestionando la presunción de inocencia de todo el colectivo veterinario, el único profesional formado en salud animal”.

La Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados aprobó la semana pasada el Proyecto de Ley por el que se crea la Agencia Estatal de Salud Pública y se modifica la Ley General de Salud Pública 33/2011, remitiendo el texto al Senado donde continuará su tramitación parlamentaria. El texto se aprobó con 19 votos a favor y 18 en contra. “Aunque valoramos positivamente el acuerdo sobre la creación de una Subcomisión de Sanidad que debata sobre la situación del sector veterinario en general, y de los medicamentos veterinarios en particular, el resto del acuerdo genera más incertidumbre y confusión sobre si tendrán en cuenta las reivindicaciones históricas de nuestro sector”, añade Rotger.

La disposición transaccional aprobada a través de la Ley de la Agencia Nacional de Salud Pública no da una respuesta a un problema creado por una legislación “históricamente desconectada de la realidad social”, a las demandas del consumidor y la protección de la salud animal y la salud pública, “situación que se ha agudizado desde la entrada en vigor del Real Decreto 666/2023”, comenta el presidente de CEVE.

Modificación del Real Decreto 666/2023

El texto aprobado insta al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) a abrir un diálogo con el sector veterinario en un máximo de 6 meses, pero sólo obliga a una “revisión y eventual” modificación del RD 666/2023 para que haya disponibilidad de medicamento veterinario en las farmacias y los centros dispensadores autorizados. Desde CEVE ya se ha manifestado en reiteradas ocasiones que, para iniciar un eventual diálogo con el MAPA, antes tiene que producirse “un gesto de clara voluntad política” por parte del ministro de Agricultura, Luis Planas, para dar soluciones y derogar un RD 666/2023 "que se redactó sin tener en cuenta ni una sola de las aportaciones del sector", subrayan.

Dede CEVE hacen hincapié en que el gran problema es el suministro de medicamentos a través de los centros veterinarios, que a finales de 2024 estaba en un 75 % del mercado veterinario de animal de compañía. "Hasta ahora nunca hubo problema para la accesibilidad del usuario a este medicamento en cuanto lo necesitaba. Por tanto, el texto aprobado en la Comisión de Sanidad del Congreso no responde a lo que la sociedad española necesita. Es un intento más de proteger al sector farmacia contrario al reglamento europeo, al mercado único y cuestionando la presunción de inocencia de todo el colectivo veterinario”, remarcan.

Asimismo, explican que la enmienda aprobada busca "perpetuar el sistema PRESVET en contra de las peticiones del sector veterinario de eliminarlo por duplicidad y sobrecarga administrativa que ha conducido a un síndrome de estrés severo generalizado en el sector”, aclara Rotger. El Gobierno insiste en mantenerlo para “facilitar la transmisión electrónica de las prescripciones de antibióticos, y en particular, a los porcentajes de envase utilizado y los plazos de envío”.

Atender las necesidades del sector veterinario

El sector veterinario pide atender las necesidades de la sociedad: accesibilidad ágil al medicamento en cuanto se necesita, que sea atendido por el profesional que más entiende del medicamento veterinario y de la patología animal, que el desembolso sea el mínimo ajustando la dispensación a la cantidad necesaria para cumplimentar el tratamiento a través de envases clínicos con menos impacto medioambiental.

El Gobierno de España considera que los veterinarios “son delincuentes por sistema, incapaces de aplicar los principios éticos en su trabajo ya que está poniendo a garantizar la dispensación a un profesional con 0 formación en salud animal y mínima formación en medicamento veterinario. Esto es una excepción en la UE y altera el mercado único. Todo esto conduce a mala praxis, a sufrimiento animal, a desembolsos desmesurados para el cliente y a una gran frustración de los trabajadores del sector”, apunta Rotger.

Aunque la patronal CEVE valora como “positiva” la creación de una Subcomisión de Sanidad del Congreso de los Diputados impulsada por Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), los veterinarios no entienden por qué si todas las formaciones políticas les han trasladado su apoyo a las reivindicaciones realizadas en las sucesivas concentraciones delante del Congreso, no fue aprobada la propuesta de Junts que hubiera solucionado los problemas denunciados por CEVE a la espera de la creación de una nueva Ley del Medicamento, que “no tenemos la certeza de que vaya a aprobarse esta legislatura”, advierte Rotger.

Finalmente, CEVE advierte que si no se aprueba en esta legislatura el Anteproyecto de Ley del Medicamento será “catastrófico para el sector veterinario y la sociedad en general, ya que el 48 % de los hogares españoles conviven con un animal de compañía”.