Piden al Gobierno que declare la situación de "emergencia sanitaria grave" por la lengua azul

La lengua azul o fiebre catarral ovina es una enfermedad vírica no contagiosa directamente entre animales, pero sí transmitida por vectores, principalmente el mosquito Culicoides spp., que se mantiene activo especialmente en los meses más cálidos desde mayo-junio hasta noviembre-diciembre, que afecta gravemente al ganado, tanto domésticos como salvajes, principalmente ovinos, donde la morbilidad puede alcanzar hasta el 100 %, pero también bovinos, caprinos, cérvidos y otros rumiantes, generando un enorme impacto sanitario, económico y social en las explotaciones ganaderas afectadas. Por ejemplo, el foco de una cepa virulenta de 1956 en la Península Ibérica causó la muerte de 46.000 ovinos en Portugal y 133.000 en España, según la Organización Mundial de Sanidad Animal. 

"Se trata de una enfermedad de declaración obligatoria, en los términos de los Reglamentos UE, es una enfermedad inscrita en la lista del Código Sanitario para los Animales Terrestres de la OIE y debe ser declarada a la Organización Mundial de Sanidad Animal", exponen desde el Grupo Parlamentario Popular.

En los últimos meses, se ha constatado la expansión de los serotipos 3 y 8 del virus de la lengua azul en diversas Comunidades Autónomas; Andalucía, País Vasco, Cataluña, Cantabria, Castilla y León, Madrid, Galicia y otras zonas de riesgo. La circulación simultánea de varios serotipos —1, 3, 4 y especialmente el 8— complica aún más la respuesta veterinaria y administrativa. Concretamente la detección del serotipo 8 en junio de 2024 ha provocado la pérdida del estatus de libre de la lengua azul en la totalidad del territorio peninsular. 

Según explican, "la política de control y erradicación de la lengua azul en nuestro país estaba basada en la vacunación de los animales de las especies susceptibles frente a los serotipos presentes en las respectivas zonas afectadas, de forma que los movimientos de estos animales dependían de su estado vacunal". 

Sin embargo, el «Programa Nacional de Vigilancia de la Lengua Azul en España 2025», publicado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en marzo de 2025, reconocía que desde 2024 se había detectado la circulación simultánea de cuatro serotipos diferentes y en amplias zonas del territorio nacional, justificando con ello que «Esta circunstancia, unida a la dificultad logística de vacunaren gran parte del territorio frente a 3 o 4 serotipos a la vez, así como la falta de suficiente cantidad de vacuna disponible frente a los diferentes serotipos para realizar una vacunación obligatoria en las zonas afectadas en un tiempo razonable antes de que comience de nuevo la actividad del vector, prevista a partir del próximo mes de abril, ha hecho necesario replantear la estrategia de erradicación llevada hasta ahora en España, sustituyéndola en la mayor parte del territorio por una estrategia de protección clínica basada en la vacunación voluntaria de los animales susceptibles a la enfermedad, y eliminando asimismo la obligación de que los animales objeto de movimiento dentro de esta zona deban haber sido vacunados previamente frente a los serotipos presentes.» Estas medidas quedaban reflejadas en la Orden APA/229/2025, de 10 de marzo, por la que se establecen medidas específicas de protección en relación con la lengua azul. 

Señalan que diversas organizaciones agrarias han exigido públicamente la puesta en marcha de un plan de choque urgente, denunciando la pasividad del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que "no ha sabido liderar una respuesta nacional coordinada ni ha dispuesto presupuestos extraordinarios para afrontar esta amenaza, pese a tratarse de una cuestión que afecta a múltiples comunidades autónomas y que exige medidas homogéneas en todo el territorio". 

El Grupo Parlamentario Popular considera especialmente preocupante "la decisión del Ministerio de dejar en manos de las Comunidades Autónomas la administración de la vacuna del serotipo 8 bajo criterios de voluntariedad, lo que ha provocado una importante caída en las tasas de inmunización. Esta falta de cobertura ha facilitado el avance de la enfermedad incluso en explotaciones con animales vacunados". 

Además, afirman que "la falta de una campaña nacional de desinsectación del vector, de control riguroso de movimientos ganaderos y de comunicación efectiva por parte del Gobierno central, está comprometiendo la estabilidad de un sector estratégico para el medio rural y la soberanía alimentaria de nuestro país." 

El Grupo Parlamentario Popular considera imprescindible que "el Gobierno central y, en particular, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación asuman de inmediato su responsabilidad, desplegando una respuesta contundente, eficaz y presupuestada para proteger al sector ganadero español". 

Por todo ello, presentan la siguiente Proposición no de Ley donde instan al Gobierno a "declarar de manera urgente la situación de emergencia sanitaria grave por peligro de extensión en el territorio nacional de epizootias de alta transmisibilidad y difusión, como consecuencia de la expansión del virus de la lengua azul, especialmente del serotipo 8 y 3". 

También reclaman aprobar un Plan Nacional de choque para "asegurar el suministro de vacunas y el desarrollo de una estrategia de vacunación ministerial efectiva que garantice la inmunización de los rebaños frente a los serotipos confirmados en el territorio español, la ejecución de campañas de desinsectación coordinadas en todo el territorio nacional afectado, y el refuerzo del control de movimientos ganaderos, asegurando la trazabilidad y evitando nuevos contagios entre comunidades autónomas". 

Asimismo, el Grupo Parlamentario Popular pretende "asegurar la efectividad del Programa Nacional de Vigilancia de la Lengua Azul en España y centralizar la información epidemiológica, asegurando que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación coordine los datos, evalúe los focos y lidere la toma de decisiones en colaboración con las Comunidades Autónomas, veterinarios oficiales y organizaciones agrarias". 

También proponen el despliegue de "campañas informativas y de asesoramiento técnico para los ganaderos, a fin de garantizar el conocimiento sobre la enfermedad, las medidas preventivas y los procedimientos de actuación en caso de foco". 

Por último, piden "compensar económicamente a los ganaderos afectados por las pérdidas derivadas del impacto de la enfermedad en sus explotaciones, incluyendo mortalidad, abortos, restricciones comerciales y costes veterinarios".