Ricard Parés (izq.), actual presidente en funciones, y Joan Mesià (drch.), candidato a presidente del Colegio de Veterinarios de Barcelona.

La polémica electoral del Colegio de Veterinarios de Barcelona no acaba

La candidatura opositora de Joan Mesià solicita una Asamblea General Extraordinaria para invalidar el actual proceso electoral, y garantizar la pureza del nuevo procedimiento eligiendo los miembros de la Junta Electoral en Asamblea
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Continúa el cruce de declaraciones entre las candidaturas a presidir el Colegio Oficial de Veterinarios de Barcelona (COVB). La candidatura de Joan Mesià, única candidatura opositora, fue excluida del proceso por haber incurrido en el artículo 33.2, según la Junta Electoral del COVB. Dicho artículo recoge que “queda prohibida toda actividad electoral que implique descrédito o falta de respeto personal a los demás candidatos”. Una situación que fue denunciada por la candidatura de Mesià y un Juzgado de Barcelona acordó suspender la celebración de las elecciones.


Una vez conocida la suspensión de las elecciones, la actual Junta de Gobierno emitió un comunicado defendiendo su honorabilidad. Ante este hecho, la candidatura de Mesià manifiesta que “ni yo mismo, como candidato a presidente, ni ninguno de los otros integrantes de la candidatura, hemos cuestionado la honorabilidad de los miembros de la actual Junta de Gobierna del COVB ni, mucho menos, hemos denunciado ningún tipo de responsabilidad penal por el presunto desfalco por lo que están siendo investigados penalmente el anterior presidente, Antoni Gómez Muro, y el anterior tesorero, Jordi Vila”.


En este sentido, especifican que se han limitado a expresar, “y lo reiteramos”, que los miembros de la actual Junta que pertenecieron a la Junta de Gobierno de los cesados Gómez Muro y Villa “son políticamente responsables por culpa in vigilando (es decir, por falta de diligencia en sus funciones como integrantes de un órgano colegiado como es la Junta de Gobierno), ya que el presunto desfalco se cometió por personas integrantes del mismo órgano colegial”.


“Esta responsabilidad política, en nuestra opinión innegable, no cuestiona como hemos dicho la honorabilidad de las personas afectadas, pero sí los inhabilita "políticamente" para gobernar la corporación”, añaden.


Por otra parte, acusan a la actual Junta de Gobierno de “un uso partidista de los medios colegiales que, bajo el pretexto de defender una honorabilidad que nadie nunca ha cuestionado, aprovecha para desacreditar la única candidatura opositora”.


CASO LLUPIÀ


La candidatura opositora de Mesià manifiesta que en el comunicado de la Junta de Gobierno se omite que uno de los miembros de la Junta Electoral, el colegiado José Llupià, envió un correo electrónico a varios colegiados “no sólo pidiendo explícitamente el voto para la candidatura del actual presidente del COVB, Ricard Parès (que es quien la había nombrado), sino incluso ofreciendo la colaboración del personal del Colegio para tramitar el voto por correo en favor de aquella candidatura”.


“A pesar de que al descubrirse este hecho el Sr. Llupià cesó como miembro de la Junta Electoral, esta actuación cuestiona la pretendida imparcialidad del órgano que debería velar por la pureza del proceso electoral”.


Ante todos estos hechos, han pedido a la Junta de Gobierno que convoque una Asamblea General Extraordinaria para invalidar el actual proceso electoral suspendido judicialmente (sin esperar una resolución judicial definitiva que puede tardar meses o años) y se proceda a la convocatoria de un nuevo proceso electoral.


“Sin embargo, pensamos que, para garantizar, a propios y extraños, la pureza del proceso electoral, sería conveniente que los dos miembros de la Junta Electoral que, según dispone el artículo 32.2 de los Estatutos, nombrará la Junta de Gobierno, fueran previamente elegidos por la Asamblea General, como órgano soberano del Colegio (artículo 16.2 de los Estatutos), respetando la pluralidad de sensibilidades existentes en la profesión”.

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