El Ayuntamiento de Valencia acuerda pedir al Gobierno la suspensión del Real Decreto 666/2023

El Ayuntamiento de Valencia, en su sesión plenaria del mes de abril, ha acordado requerir al Gobierno de España la inmediata suspensión de la aplicación y modificación del Real Decreto 666/2023 de 18 de julio que regula la distribución, prescripción, dispensación y uso de medicamentos veterinarios, con la finalidad de abordar de manera real el problema que se pretende afrontar con el Reglamento de la Unión Europea 6/2019 de 11 de diciembre de 2018. 

La corporación ha acordado igualmente solicitar al Gobierno que se inicie “un verdadero diálogo con los profesionales veterinarios cuya única misión y finalidad es aplicar una normativa coherente con sus fines deontológicos, que no es más que velar por el bienestar animal”.

El Pleno ha aprobado de esta manera la moción presentada por Juan Carlos Caballero, portavoz municipal y concejal responsable de la Oficina municipal de Bienestar Animal, quien ha alertado de la necesidad de “iniciar acciones reales que reduzcan las cargas burocráticas tanto para profesionales como para administraciones competentes en la materia, de modo que la regulación y el procedimiento sancionador en esta materia no se deban “a una trasposición apresurada y sin sentido de la normativa europea”. El acuerdo municipal incluye “requerir la regulación inmediata de un IVA reducido para la atención y los productos veterinarios”. El concejal ha afirmado en el hemiciclo que esta normativa “ata de pies y manos a los veterinarios y los convierte en sospechosos”.

A juicio de Caballero, “la polémica” se ha desatado con la entrada en vigor a partir del 2 de enero de 2025 del artículo 39.1 del citado Real Decreto, “al introducir de manera inmediata y obligatoria la necesidad de efectuar la notificación electrónica de prescripciones antimicrobianos por veterinarios, notificación que debe realizarse en plazos muy perentorios y con un ingente número de datos mínimos de comunicación”. "El Real Decreto, a pesar de su loable finalidad, se ha convertido en un corsé irreductible que olvida la profesionalidad de los veterinarios, pone en el punto de mira el ejercicio clínico de la profesión, encarece el tratamiento de los animales, reduce el bienestar animal y deja prácticamente fuera de tratamiento a los animales de compañía no identificados", ha explicado en su moción el responsable municipal de la Oficina de Bienestar Animal.

El Grupo Compromís, a través del concejal Giuseppe Grezzi, ha propuesto durante su intervención en el hemiciclo que se concretara “la reducción inmediata de la bajada al 8 % del IVA”, así como la promoción de campañas informativas, en colaboración con el Colegio Oficial de Veterinarios de Valencia, para la esterilización responsable de perros y gatos en la ciudad, lo que ha sido aceptado por el Pleno. Previamente, Nuria Llopis, concejala del Grupo Socialista, ha alabado la preocupación de Caballero por los animales, pero le ha reprochado que se trata de "una moción que no depende del Ayuntamiento y de lo que usted tiene cero competencias".

Antes del debate ha intervenido un veterinario clínico en el Pleno, que ha manifestado su oposición al real decreto porque —a su juicio— no se ha consensuado con el sector, tiene un impacto negativo sobre la salud animal y criminaliza injustamente a los profesionales.