Veterinarios alertan del impacto negativo de modificar la ley de Sanidad Animal de Castilla y León

El Sindicato de Veterinarios de Castilla y León (Sivecal-USCAL) ha trasladado a todos los Grupos Parlamentarios una serie de consideraciones para advertir de “los impactos negativos que a medio plazo tendrá la modificación” que se llevará a cabo en el Pleno de las Cortes de Castilla y León del próximo 14 de junio de 2024, de la Ley 6/1994, de 19 de mayo, de Sanidad Animal de Castilla y León.

Uno de los comentarios que realizan desde el sindicato veterinario es que a los saneamientos ganaderos “se añaden numerosos documentos de trabajo, recomendaciones y manuales de procedimiento además de controles y auditorías de todos los agentes implicados”, recordando que la ejecución de las campañas de saneamiento no se trata de un simple acto de diagnóstico y sacrificio de animales positivos a la tuberculosis bovina, sino que comprende una serie de criterios legales, técnicos, epidemiológicos y procedimentales que garantizan la obtención y mantenimiento de los estatus sanitarios que permiten el libre intercambio de animales y sus productos con garantías sanitarias en todo el territorio de la UE.

En este sentido, visualizan el “primer escollo sobre su aplicabilidad”, la independencia que debe regir en el proceso de diagnóstico. “Este principio se rompe en el momento en el que el ganadero tenga libertad para elegir al veterinario que le resulte más oportuno, pues en ese momento el veterinario estará realizando un servicio a demanda del ganadero, independientemente de cómo se realice el pago de este servicio”, explican.

Por otra parte, apuntan que el sistema no garantiza la universalidad de las medidas, esto es, “que todos los ganaderos tengan acceso a las pruebas necesarias y obligatorias para el mantenimiento de sus calificaciones sanitarias, ya que no se ha hecho una estimación de los veterinarios que van a habilitarse para tal fin, que adelantamos será insuficiente para los actos clínicos que son necesarios”.

Por ello, pronostican que es fácil imaginar que los puntos críticos descritos, “no tengan otro resultado que una rebaja en la calidad y credibilidad de los servicios realizados si se liberalizan las campañas de saneamiento, que redundará en escasa garantía sanitaria de nuestros productos de cara a la comercialización de los mismos y desconfianza del sector a la hora de adquirirlos”.

“Desconocemos el alcance de las consecuencias económicas para este sector tan estratégico en nuestra comunidad autónoma, pero un análisis superficial arroja unas previsiones poco halagüeñas. En nuestra opinión, la realidad será un aumento de las prevalencias, con su repercusión muy perniciosa, en sanidad animal, parte fundamental de la salud pública”, agregan.

PETICIONES

Por todo ello, instan desde Sivecal-USCAL a los grupos parlamentarios a que no faciliten la modificación de la Ley 6/1994, de 19 de mayo, de Sanidad Animal de Castilla y León, en los términos establecidos.

Además, reclaman al Gobierno de la Junta de Castilla y León a incrementar las plantillas del Cuerpo Facultativo Superior Sanitario (Veterinarios) en 150 plazas, distribuidas entre las Consejerías de Agricultura, Ganadería y D. R. y Medio Ambiente, Vivienda y O. T., y que se lleven a cabo las acciones legislativas tendentes al desarrollo del veterinario de explotación en los términos establecidos por la normativa de la Unión Europea en materia de sanidad animal, “prestando más atención a las medidas preventivas y a la vigilancia y control de enfermedades, para reducir la incidencia de las mismas y minimizar el impacto de los brotes cuando se produzcan”.