Aplazan un año la obligatoriedad de la puesta en marcha de la figura del veterinario de explotación

El secretario general de Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), Lorenzo Ramos, y el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), Luis Planas, han firmado un acuerdo para activar un plan con 43 medidas de apoyo al campo. El texto del acuerdo contiene hasta 43 medidas políticas, económicas y fiscales y da respuesta a la “inmensa mayoría” de las reivindicaciones de la organización agraria UPA.

La firma del acuerdo supondrá la puesta en marcha del plan de apoyo al campo que recoge, en opinión de UPA, “logros de enorme relevancia” que llevaban largo tiempo reclamando a las Administraciones públicas. Las medidas supondrán una importante simplificación de las exigencias de la Política Agraria Común, reduciendo la burocracia y la carga administrativa y facilitando la vida de los agricultores y ganaderos.

El plan incluye medidas fiscales de gran magnitud, como el compromiso de mantenimiento del Impuesto Especial de Hidrocarburos –que supone 400 millones de euros para los agricultores y ganaderos–. También se mantendrá la deducción de un 35 % de la factura de carburantes y combustibles de uso agrario y de un 15 % de la de fertilizantes, en el método de Estimación Objetiva del IRPF –aproximadamente 575 millones de deducción fiscal– y se establecerá una reducción general del 15 % en el rendimiento neto para el ejercicio fiscal 2023.

MEDIDAS DE APOYO EN MATERIA DE SANIDAD ANIMAL

En lo que concierne a la sanidad animal, uno de los puntos del acuerdo recoge que la obligación de las explotaciones ganaderas comerciales de disponer de un Plan Sanitario Integral, que entraría en vigor el 18 de mayo de 2024 (un año después de la publicación del real decreto), se aplaza un año, hasta el 1 de junio de 2025, con el objeto de proporcionar más tiempo a los titulares de las explotaciones para adaptarse a la normativa, en particular en lo relativo a la figura del veterinario de explotación.

Otro acuerdo alcanzado es retrasar un año la introducción obligatoria de la identificación electrónica en bovino, prevista para los animales nacidos a partir del 30 de junio de 2024, de manera que pasará a aplicarse a los animales nacidos a partir del 30 de junio de 2025.

Asimismo, el plan de bienestar animal, exigible a las explotaciones bovinas, se aplicará a todas las explotaciones a partir de 2027, de manera que se eliminan las excepciones para determinados tipos de explotaciones para las que se exigía el plan a la entrada en vigor del real decreto. Igualmente, para las explotaciones bovinas, se procederá a clarificar los aspectos relativos a la movilidad de los animales en las explotaciones y el acceso a un ambiente exterior y se postpone la entrada en vigor de los requisitos relacionados.

Por otra parte, el MAPA aportará la financiación de los gastos destinados a las campañas de Plan de Actuación sobre Tuberculosis, que no puedan ser cubiertos por los fondos comunitarios destinados a la sanidad animal. Igualmente, a resultas de las conclusiones del Foro de ganadería extensiva, el MAPA participará en la financiación de los gastos veterinarios que se deriven de la lucha contra las enfermedades animales emergentes como la enfermedad hemorrágica epizoótica.

Además, el MAPA, en colaboración con las organizaciones agrarias y las comunidades autónomas, convocará un foro temático sobre ganadería extensiva, en la primera quincena de abril, para analizar los principales problemas y desafíos que afectan a la ganadería extensiva, tanto desde el punto de vista sanitario como económico, con el objeto de que las conclusiones puedan permitir al MAPA reorientar la legislación aplicable y proponer medidas. Las propuestas contenidas en el presente documento de aplazamiento en la entrada en vigor de determinadas disposiciones proporcionarán un margen de tiempo suficiente para facilitar el diálogo con el sector