Los presupuestos de Asturias "prolongan el maltrato profesional a los veterinarios de Salud y Medio Rural"

La Comisión de Hacienda del Principado de Asturias abordó hace unos días el Proyecto de Ley de Presupuestos del Principado para 2024. En dicha comisión participaron representantes del Sindicato Veterinario Profesional de Asturias (Sivepa).

El presidente de Sivepa, José Fernández Romojaro, afirmó que “estos presupuestos perpetúan discriminaciones graves que afectan a los profesionales sanitarios que nos encontramos fuera del SESPA (Servicio de Salud del Principado de Asturias) y, especialmente, prolongan el maltrato profesional a los facultativos veterinarios de la Consejería de Salud y de Medio Rural, y a los facultativos farmacéuticos que están con nosotros en las unidades de salud pública”.

Romojaro incidió en que, fuera del Servicio de Salud del Principado de Asturias, los sanitarios están gravemente perjudicados, ya que los veterinarios fuera del SESPA no pueden acceder a la especialidad, no pueden moverse entre comunidades autónomas y su experiencia sanitaria “ni se reconoce ni se valora”, lo que merma la calidad del servicio. Si bien, recordó que la Ley General de Sanidad reconoce a la Veterinaria como actividad básica del sistema sanitario y establece que, en propias palabras de Romojaro, su principal función “es la de inspección de salud pública”. 

Asimismo, la labor de inspección de salud pública que desarrolla el veterinario y el farmacéutico, el conocido como inspector de Sanidad, está expuesto al riesgo psicosocial, que es cuando, en palabras del presidente de Sivepa, "en caso de detectar un riesgo para la salud comunitaria, propone sanciones, decomisa productos, inmoviliza animales o cierra locales", lo que conduce a "malas caras, malas contestaciones, amenazas, pinchazos de rueda, o incluso agresiones verbales y físicas". 

Para poder compensar estas situaciones, demandan que se eleve el nivel del puesto de trabajo del 22 (más bajo) al 26, y añadiendo un complemento de peligrosidad. Sin embargo, los inspectores veterinarios y farmacéuticos de las unidades de Salud Pública e inspectores veterinarios de la consejería de Medio Rural, "tienen el nivel becario, el más más bajo posible para un A1, y no tienen asociado a su puesto el complemento de penosidad y peligrosidad". 

También alertó que la plantilla de veterinarios y farmacéuticos "es, por número de habitantes, aproximádamente la media del Estado, y entre tres y cuatro veces menor que comunidades autónomas vecinas de similares caracterías, es decir, la plantilla está desbordada".

Por otra parte, aseguró que la situación empeora para los veterinarios de Medio Rural, "son facultativos sanitarios fuera del SESPA, con funciones de inspección y, por tanto, riesgo psicosocial", además de estar sometidos a riesgo físico por trabajar con animales de gran tamaño, y al riesgo biológico de las zoonosis.

Fernandez Romojaro también denunció que no cuentan con los medios necesarios para realizar su trabajo en condiciones óptimas, como “dotación de ropa y calzado de trabajo de forma regular ni regulada”, lo que incumple la normativa de riesgo biológico. En este sentido, alertó que no se está priorizando en prevención. 

Finalmente, solicitó que se modifique el texto incorporando las partidas necesarias "para la inclusión del SESPA en la estatutarización de los sanitarios que estamos fuera; para equiparar la plantilla del cuerpo de Veterinaria y del de Farmacia, al menos a la media del Estado como mínimo; para elevar el nivel del puesto de trabajo de los inspectores al 26 que les corresponde, así como la aplicación del complemento de penosidad y peligrosidad que sufren todos los días; para implementar un adecuado sistema de guardias de Veterinaria de Salud Pública, que en la actualidad son testimoniales, nulas o insuficientes y que generan gran desprotección sanitaria a la población; para dotar de equipamiento periódico necesario de ropa y calzado de trabajo al personal facultativo sanitario e inspector, tanto de la consejería de Salud como de Medio Rural, para que se respete la normativa de personal sometido a riesgo biológico; y, finalmente, para que se sustituyan los vehículos de ganadería".

Posteriormente, Víctor Manuel Álvarez González, vicepresidente de Sivepa, remarcó que los facultativos veterinarios del Principado deberían estar integrados en el Sistema Nacional de Salud, pero no lo están. “Esta anomalía de expulsar del Sistema Nacional de Salud a una parte fundamental de los profesionales sanitarios genera problemas de coordinación y eficacia y supone una flagrante discriminación laboral para estos trabajadores”.

A raíz de esto, Álvarez también destacó la importancia de la labor veterinaria frente a enfermedades, como la lengua azul, que constituyen un problema de salud pública, ya que “afectan a la disponibilidad de alimento de la población”. Y, sobre todo, “porque, aunque una enfermedad no sea en sí misma una zoonosis, el daño a la salud de los animales que provoca, baja sus defensas y aumenta la incidencia de otras enfermedades que sí son zoonosis, aumentándose la utilización de antibióticos y favoreciendo con ello la aparición de resistencias microbianas”.

Además, insistió en que los facultativos veterinarios buscan soluciones a su situación de precariedad, aunque “desgraciadamente esas soluciones no parecen que estén contempladas en el proyecto de presupuesto del Principado para 2024”. 

Para finalizar, Romojaro hizo especial hincapié en que los veterinarios "estamos divididos entre Medio Rural y la consejería de Salud, y tenemos numerosas carencias y muchos problemas de interferencia y coordinación por estar divididos en dos consejerías".