Piden un bono social o mutualidad veterinaria para familias sin recursos

La Real Sociedad Canina de España (RSCE) ha pedido al Gobierno que la nueva Ley Integral de Protección Animal, que el vicepresidente Pablo Iglesias anunció recientemente que se aprobará en unos meses, considere implementar un bono social o Mutualidad Veterinaria que ayude a las familias con menos recursos a cubrir la atención médica de sus mascotas, “evitando que estas puedan ser abandonadas si enferman o que incluso mueran. El coste anual medio del veterinario está en unos 200 euros, aunque habría que sumarle otros 100 euros más de extras e imprevistos. Eso siempre y cuando el perro no presente ningún tipo de patología, lo que podría disparar estas cifras”.

En esta línea, también proponen la bajada del IVA veterinario al tipo más reducido, algo en lo que ya se trabaja según ha trasladado en diversas ocasiones la Dirección General de Derechos de los Animales.

Por otra parte, solicitan un endurecimiento de las penas y sanciones por abandono y maltrato. Asimismo, reclaman también que se persiga y penalice la cría irresponsable, así como que se establezcan unos controles básicos acompañados de un código ético que, por encima de todo, persigan el bienestar de los perros y demás animales.

Otro aspecto que han trasladado al Ejecutivo es que se derogue la figura del ‘Perro Potencialmente Peligroso’ (PPP), “ya que no existen tales razas, sino unas características físicas y de temperamento que hacen que no todos los perros sean iguales ni tengan las mismas aptitudes. Legislar sobre potencialidades implica establecer unas generalidades que, además de ser injustas, han propiciado la criminalización y la marginación social de determinadas razas y, por ende, de sus tutores”, apuntan.

Por ello, buscan establecer de forma estandarizada determinadas pruebas de sociabilidad que acrediten la condición de los perros y que, además, se acompañen de cursos de formación para los tutores de este tipo de razas cuyas potencialidades físicas lo indiquen. La RSCE ha puesto a disposición de todas las administraciones una prueba de sociabilidad desarrollada por expertos en formación canina y adiestramiento.

LA FIGURA DEL CRIADOR AMATEUR

De forma paralela, piden que se cree la figura legal del criador amateur, “puesto que la mayoría de los que hay en España responden a esta tipología, criadores a pequeña escala que realizan esta actividad con total entrega, por su amor a los perros y a las razas y cuya función ayuda a vaciar las perreras desde fuera”.

Según explican, “son los que mejor pueden asesorar a las familias y tutores sobre los perros para determinar qué tipo de raza se adapta a su estilo de vida, de modo que se eviten abandonos cuando los cachorros se hacen mayores, ya que saben desde el primer momento qué comportamientos tendrá su mascota. Con un marco legal establecido de antemano, estos criadores podrán desarrollar su actividad siempre con unos códigos éticos claros y una mayor profesionalidad, siendo fundamentales para lograr ese objetivo de abandonos 0”.

El presidente de la RSCE, Julián Hernández, señala que el objetivo de esta nueva Ley de Protección Animal debe ser mejorar la situación de todos los animales en España, “perseguir firmemente el maltrato y el abandono y fomentar las razas y ejemplares autóctonos, de forma que se garantice la supervivencia de un importante legado histórico, cultural y social de este país”.