Veterinarios, juristas y agentes denuncian malas prácticas en la trazabilidad de équidos y en su bienestar

Veterinarios, juristas y agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se han dado cita en el primer Campus Policial de Protección Animal, del 28 de julio al 1 de agosto en el Centro Nacional de Educación Ambiental (CENEAM), en Valsaín (Segovia).

En esta primera edición, una treintena de participantes abordaron los principales desafíos legales, técnicos y operativos en la protección de los animales domésticos, con un enfoque multidisciplinar. Organizado por la Asociación de Policías por la Defensa de los Animales (APDA), el Campus incorporó ponencias especializadas que analizaron en profundidad la normativa vigente, el papel de la Policía Local como Policía Judicial en delitos contra animales, y la necesidad de reforzar la actuación de los veterinarios y etólogos en situaciones de abandono o maltrato.

Identificación équidos

Entre los contenidos más destacados figuraron las sesiones dedicadas a la trazabilidad, identificación y salud pública en équidos, que pusieron de relieve importantes carencias en la aplicación de la normativa. El veterinario Marco Aurelio Sánchez —funcionario público y presidente de la Sociedad Científica de Veterinaria de Salud Pública y Comunitaria— subrayó la dificultad de trabajar con los 46 modelos diferentes de pasaporte equino existentes en España, así como la falta de cumplimiento en la identificación individual, que en muchos casos se realiza sin su esquema de reseña gráfica obligatoria —con detalle de remolinos, espigas, manchas y otras marcas— y se sustituye por fotografías que no permiten diferenciar al animal, una excepción que la legislación sólo contempla en casos muy justificados.

También se criticó el uso de crotales en las orejas —una zona de especial sensibilidad para los équidos— cuando el microchip es un sistema ya implementado y menos cruento.

Ante determinados ejemplos, se constató que las malas prácticas en la trazabilidad equina propicia el intercambio y uso fraudulento de pasaportes, ponen en riesgo a los animales por la extracción de microchips para su reutilización y favorecen el mercado ilegal de carne de caballo, con riesgos añadidos para la salud pública.

En el ámbito del bienestar animal, la veterinaria Elena Barrio, directora del santuario “El Refugio del Burrito”, expuso situaciones reales en las que, "ante el sobrecrecimiento de los cascos, se realizan cortes y herrados apresurados para evitar la denuncia tras un aviso de inspección, sin evaluación veterinaria previa que permita comprobar la existencia de dolor o infección, ni la realización de una radiografía que determine la ubicación del hueso. Relató también casos de dejación en el cuidado de burros, que en situaciones de escasez de alimento llegan a atacar al más pequeño del grupo debido al estrés".

Barrio recalcó la importancia de que los agentes formulen durante sus intervenciones determinadas preguntas que queden reflejadas en los informes: frecuencia de recorte de cascos, el nombre del herrador o del dentista, tratamientos antiparasitarios, etc. También abordó las manifestaciones de dolor específicas en burros y caballos —orejas hacia atrás, cabeza baja o alternancia de peso en las extremidades— como indicadores que pueden pasar desapercibidos si no se cuenta con formación adecuada.

Normativa sancionadora en protección animal

Durante el Campus se analizó también el papel de la normativa sancionadora en la protección animal, con especial atención al artículo 16 de la Ley 32/2007, que establece que los ingresos procedentes de sanciones deben destinarse a medidas de protección. Un aspecto que, según la organización, contrasta con la realidad actual, marcada por la ausencia de centros públicos adecuados para el decomiso, cuidado y seguimiento de équidos y otros animales domésticos.

A raíz de lo observado durante las jornadas en el entorno rural de Valsaín —especialmente algunos équidos en semilibertad visibles en las riberas del río, que contrastaban con otros animales encadenados, sin acceso a agua e irritados por las moscas— la organización ha propuesto como trabajo final la redacción de varios informes centrados en estos casos y relacionado con lo impartido durante las jornadas, que deberán elaborar los participantes del Campus.

“La implicación veterinaria es fundamental para que la normativa se aplique con criterio técnico, en beneficio de los propios animales y de la salud pública. Pero también es necesario reforzar los recursos disponibles, y ofrecer apoyo al veterinario que, de forma ética, cumple con el código deontológico y necesita canales seguros para denunciar malas prácticas”, señala Eduardo Justa, responsable de APDA.