Consideran insuficiente la convocatoria de Castilla y León para reducir la interinidad

La modernización de las Administraciones Públicas constituye el Componente 11 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que España envío a Europa para la prestación eficiente de los servicios públicos y su potencial tractor sobre la transformación del tejido productivo. Entre sus objetivos estratégicos figura su digitalización, la renovación de su equipamiento con principios de eficiencia energética y la modernización de procesos, además de la capacitación del conjunto de empleados públicos y la reducción de la temporalidad al 8 %.

Así, para corregir el incumplimiento de la normativa sobre empleo público, se publicaron procesos de estabilización de empleo temporal recogidos en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado de 2017 y 2018 “que resultaron un auténtico fracaso en su forma de convocatoria y en su resultado final. Tal es así que más de 800.000 personas temporales continúan prestando servicio en las diferentes administraciones públicas y viven en un estado de precariedad indigno de un país moderno”, denuncia Unión Sindical de Castilla y León (USCAL)-TISCYL.

Concretamente, en Castilla y León, según su propio Portal de Trasparencia, actualmente hay un total de 12.299 funcionarios interinos y 16.040 laborales temporales. En total suman 28.339 personas (el 71,2 % son mujeres), que, en el caso particular de la sanidad, la temporalidad alcanza el 32 % y, en la enseñanza, los interinos suponen un 35 %.

“El desarrollo de los procesos de estabilidad del 2017 y 2018 llevados a cabo en los servicios generales de la Junta de Castilla y León, tanto del personal laboral como del funcionario, está suponiendo no solo un fracaso en cuanto a la reducción de la temporalidad, sino también el cese (despido libre y gratuito) de muchos empleados públicos, mayoritariamente mujeres y de más de 45 años, en abuso de temporalidad y/o fraude de ley, que está generando una conflictividad judicial difícilmente justificable”, explica el sindicato.

Ante la presión ejercida por los empleados públicos temporales y sindicatos, se publicó la Ley 20/2021 de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, que estableció un tercer proceso extraordinario de estabilización. La oferta de empleo público correspondiente debe publicarse antes del próximo 1 de junio.

“La Junta de Castilla y León, en la última reunión de la Mesa General de Negociación del Empleado Público, nos ha trasladado su intención de incluir en esta oferta ‘extraordinaria’ 679 plazas de funcionarios y 1.985 plazas de laborales (por el momento, no se incluyen Instituciones Sanitarias ni Educación), cantidades que con los criterios restrictivos que se están utilizando impedirán con toda seguridad reducir la temporalidad al 8 % y por tanto poner en peligro los fondos europeos que esta Comunidad Autónoma debería recibir del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia”, apuntan.

Por ello, desde la Unión Sindical de Castilla y León reclaman incrementar sustancialmente el número de puestos de trabajo de los trabajadores que cumplen los criterios de la Ley 20/2021, y han solicitado una reunión con el consejero de la presidencia con el objetivo de trasladarle “el profundo malestar de los empleados públicos temporales que están viendo frustradas sus expectativas de consolidación y dignificación de su empleo, desde el que llevan ejerciendo un servicio público eficiente durante mucho tiempo, y especialmente durante los peores momentos del estado pandémico”.

“En USCAL-TISCYL, si no conseguimos que la intervención del propio consejero enmiende la deriva de las actuaciones presentes, nos veremos obligados a rechazar rotundamente en la Mesa de Negociación esta insuficiente OPE extraordinaria, y llamamos a la unión de todos los empleados públicos temporales para forzar una rectificación de la Junta, que permita aprobar definitivamente una oferta verdaderamente ‘extraordinaria’ que alcance la estabilización de los casi 30.000 empleados públicos temporales adscritos a la Junta de Castilla y León”.