Reclaman que las nuevas normas sobre animales tengan en cuenta el criterio científico
Fundación Artemisan alerta de que los proyectos de la Ley de Protección y Derechos de los Animales y del Real Decreto de ordenación de Núcleos Zoológicos, presentados por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 ponen en riesgo la forma de vida de millones de personas en España.
Para la Fundación, “ambos textos generan una evidente inseguridad jurídica, son prácticamente de imposible cumplimiento y han conseguido poner de acuerdo a numerosos sectores de diferentes ámbitos en el rechazo ante la falta de criterios técnicos, científicos o jurídicos que los avalen”.
Así, consideran que “ambos proyectos son una clara invasión de las competencias por parte del Ministerio y presentan contradicciones entre ellos en cuestiones determinantes, como la definición de animales domésticos y de protección. Además, incorporan terminología confusa y valoraciones subjetivas que redundan en esta inseguridad jurídica”.
La Fundación Artemisan defiende la necesidad de actualizar la normativa para garantizar el bienestar de los animales, “pero nunca en base a criterios ideológicos y dando la espalda a los numerosos sectores productivos, profesionales, económicos y sociales que ya han mostrado su rechazo a los proyectos planteados”.
Para Artemisan, que un proyecto de ley haya conseguido unir en su contra a entidades procedentes de sectores tan distintos “debería hacer reflexionar al Gobierno sobre la deriva radical que están tomando sus políticas medioambientales, a espaldas de científicos y técnicos”.
En este sentido y como ejemplo, para la entidad es un “absoluto disparate” que la ley inste a un ganadero a que establezca edades mínimas y máximas para trabajar con sus perros pastores, o a que esterilicen a los animales que posteriormente tendrán que servir de defensa ante el ataque de lobos.
De igual manera, indican que “parece incomprensible que el Gobierno obligue por ley a los veterinarios, principales veladores del bienestar de los animales, a practicar esterilizaciones y castraciones sin tener en cuenta su criterio profesional, no solo en este aspecto sino en todos los lesivos que incorpora el proyecto de ley”.
