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Cuatro comunidades autónomas anuncian medidas judiciales tras incluir al lobo en el LESPRE
De izq. a dcha.: Alejandro Calvo (Asturias), Juan Carlos Suárez (Castilla y León), Ángeles Vázquez (Galicia) y Guillermo Blanco (Cantabria).

Cuatro comunidades autónomas anuncian medidas judiciales tras incluir al lobo en el LESPRE

​Exigen al Gobierno la retirada inmediata de la orden ministerial que otorga una mayor protección a la especie y estudian la elaboración de sus propios censos de población y el diseño de una estrategia común de gestión de las cuatro autonomías
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Cantabria, Asturias, Castilla y León y Galicia recurrirán judicialmente la orden ministerial que incluye al lobo ibérico en el Listado de Especies de Protección Especial (LESPRE) y elaborarán sus propios censos de población y una estrategia común de gestión de las cuatro autonomías en caso de que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) no retire la orden ministerial antes del próximo 15 de junio.


Así lo han anunciado hoy los consejeros de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria, Guillermo Blanco; de Medio Rural y Cohesión Territorial del Principado de Asturias, Alejandro Calvo; de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez, y de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda de la Xunta de Galicia, Ángeles Vázquez, tras mantener un encuentro con los representantes de las organizaciones profesionales agrarias para informales de las medidas conjuntas que las cuatro comunidades autónomas van a adoptar ante la decisión del Gobierno de España de seguir adelante con su propuesta de dotar al lobo de una mayor protección.


Tal y como han explicado, la decisión conjunta que han tomado junto a las organizaciones profesionales agrarias comenzará con la exigencia de la retirada inmediata de la orden ministerial, ya que en caso contrario, las autonomías que albergan a la mayor parte de la población de lobos en la Península Ibérica elaborarán sus propios censos de población y diseñarán una estrategia conjunta de gestión de la especie de las cuatro comunidades autónomas, que será trasladada tanto al Estado como al resto de comunidades autónomas para su consideración.


En caso de que este modelo de gestión no sea consensuado con el Ministerio, Cantabria, Asturias, Galicia y Castilla y León presentarán un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo para pedir “medidas cautelarísimas” con las que poder paralizar la eficacia de la orden ministerial hasta el pronunciamiento final de los tribunales.


También han solicitado al Ministerio que elabore una mesa de trabajo para poder revisar y actualizar la actual estrategia nacional de conservación y gestión del lobo como “primer paso fundamental” del consenso y el diálogo necesarios para lograr una solución a este conflicto.


“ATENTADO CONTRA EL MEDIO RURAL”


El consejero cántabro Guillermo Blanco ha defendido el fortalecimiento de la postura común de defensa del sector ganadero con una serie de medidas que el Ministerio “nos está obligando a tomar” ante una decisión, la de incluir al lobo en el LESPRE, que supone “un auténtico atentado contra el medio rural y un desprecio sin paliativos de un Ministerio que se supone que encabeza la lucha contra el despoblamiento de las zonas rurales de este país”.


También ha criticado la postura del Ministerio por romper el consenso “histórico” que por primera vez ha roto en las relaciones entre el Estado y las comunidades autónomas en materia de biodiversidad con una “deslealtad institucional” que, según Blanco, ha puesto en evidencia al no contar “en ningún momento” con la experiencia de las comunidades loberas y el criterio científico de sus técnicos.


De la misma manera, ha denunciado “el desprecio” del Gobierno de España con el pronunciamiento de los parlamentos regionales y la ‘Carta Abierta en apoyo a una gestión del lobo basada en el respeto al mundo rural, el consenso social y la coexistencia’, iniciativa promovida por Cantabria, Asturias, Galicia y Castilla y León, y que cuenta con el apoyo de otras cinco comunidades autónomas (País Vasco, Aragón, Madrid, Murcia y Andalucía), la ciudad autónoma de Ceuta, las Organizaciones de Profesionales Agrarios (OPAS) a nivel nacional, la Federación de Municipios de Cantabria (FMC), así como otras organizaciones y asociaciones agrarias y ganaderas, además de colegios profesionales y el Consejo General de Colegios Oficiales de Veterinarios de España.


Blanco ha recalcado que el objetivo de las cuatro comunidades autónomas “no es exterminar al lobo, sino de buscar el necesario equilibrio de su convivencia con la actividad ganadera”.


“El lobo está en lo alto de la cadena trófica y, salvo el hombre, nadie puede controlarlo, por lo que esta orden ministerial nos impide cumplir con el principio fundamental de actuar de manera inmediata cuando se producen daños sobre la ganadería extensiva”, ha insistido.


También ha reafirmado el compromiso de las cuatro comunidades autónomas de defender al ganadero para que esta amenaza “orquestada” desde Madrid no provoque que los ganaderos abandonen sus trabajos y que su espacio natural sea ocupado por “grandes reservas de lobos”.


“Los ganaderos no quieren que les paguemos los daños ocasionados por el lobo en sus explotaciones, lo que quieren es que no les maten a sus animales”, ha afirmado el consejero cántabro, quien ha advertido al Ministerio que, si sigue por el camino que ha iniciado, “no solo hará peligrar las explotaciones ganaderas, sino que también pondrá en peligro a la propia especie”.


Por su parte, el consejero Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez, ha indicado que “nos vemos obligados a tomar decisiones que nos llevan a un escenario que no nos gusta y que no se corresponde con el actual estado de derecho democrático en el convivimos. Nuestra finalidad siempre ha sido defender a la ganadería y evitar el enorme peligro que supondría incluir al lobo en el LESPRE”.


La consejera de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda de la Xunta de Galicia, Ángeles Vázquez, ha considerado que la decisión del Ministerio es una auténtica amenaza para lograr el equilibrio necesario en la convivencia entre el lobo y el ser humano, especialmente ante el incremento exponencial de ejemplares en los últimos años.


Al igual que sus homólogos, ha lamentado que el Ministerio haya decidido romper el consenso con las comunidades autónomas y ha abogado por seguir avanzando en la revisión de una estrategia nacional de gestión de la especie que se fundamente en el trabajo, el rigor y la colaboración entre administración.


“Para tener biodiversidad tenemos que tener diálogo y empatía con la sociedad”, ha subrayado Vázquez, quien se ha mostrado contraria a proteger en exceso a una especie si eso conlleva que otras sean más vulnerables.


Finalmente, el consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial del Principado de Asturias, Alejandro Calvo, también ha defendido la recuperación del diálogo y el consenso entre las comunidades autónomas y el Estado para poder gestionar de manera adecuada un asunto “tan complicado” como la coexistencia entre la ganadería y el lobo.


Calvo ha considerado necesario que los planes de gestión de las comunidades autónomas puedan seguir vigentes y que el Ministerio no los modifique con sus decisiones, al tiempo que ha abogado por incluir la gestión de la ganadería extensiva en las políticas de biodiversidad y en la futura estrategia de gestión del lobo ibérico y su conservación.


Finalmente, los representantes de las organizaciones profesionales agrarias UPA (Aurelio González), COAG (Miguel Blanco) y ASAJA (Pedro Barato) han coincidido en felicitar a las cuatro comunidades autónomas por la defensa férrea que están haciendo del sector ganadero y han reiterado al Ministerio que retire de manera inmediata la orden ministerial que incluye al lobo en el LESPRE.


De hecho, han solicitado la dimisión de la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en caso de no dar marcha atrás en su postura, y han anunciado movilizaciones en defensa del sector ante “el atropello y los ataques constantes” que está sufriendo el sector por parte del Gobierno de España.

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