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Cantabria, Asturias, Galicia y Castilla y León reiteran su rechazo a la inclusión del lobo en el LESPRE
Teresa Ribera, ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Cantabria, Asturias, Galicia y Castilla y León reiteran su rechazo a la inclusión del lobo en el LESPRE

​Denuncian que la ministra Teresa Ribera ignora a las comunidades autónomas que albergan a la mayor parte de la población de lobos en España
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Cantabria, Asturias, Galicia y Castilla y León han pedido rigor al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en la gestión del lobo ibérico en España y han reiterado su rechazo absoluto a la propuesta del Gobierno de España de incluir a esta especie en el Listado de Especies de Protección Especial (LESPRE).


Tras mantener una reunión de trabajo telemática para abordar la situación de la gestión del lobo y su seguimiento, los consejeros del ramo han lamentado la improvisación y la confusión del Ministerio a la hora de gestionar la protección de la especie con una propuesta que “no tiene ningún respaldo técnico ni científico y se ha adoptado en un proceso plagado de irregularidades”


Denuncian que la ministra sigue ignorando a las comunidades autónomas que albergan a la mayor parte de la población de lobos en España, al elaborar un documento de bases de estrategia de conservación del lobo, “cuando el acuerdo mayoritario del grupo de trabajo era realizar primer una evaluación de la estrategia”.


También critican al Ministerio por ignorar la iniciativa ‘Carta Abierta en apoyo a una gestión del lobo basada en el respeto al mundo rural, el consenso social y la coexistencia’, con la que Cantabria, Asturias, Galicia y Castilla y León, como promotores, otras cinco comunidades autónomas (País Vasco, Aragón, Madrid, Murcia y Andalucía), la ciudad autónoma de Ceuta y las Organizaciones de Profesionales Agrarias (OPAS) a nivel nacional UPA, ASAJA y COAG, el Parlamento de Cantabria y la Federación de Municipios de Cantabria (FMC), rechazan la propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y para el Reto Demográfico (MITERD) de incluir al lobo ibérico en el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial (LESPRE).


Una iniciativa a la que se han sumado los colegios profesionales de ingenieros de montes, ingenieros técnicos forestales, agrónomos e ingenieros técnicos agrícolas, así como el Consejo General Veterinario, que reúne a los diferentes colegios de veterinaria de España.


Reiteran al Ministerio que respete los acuerdos del grupo de trabajo y no vuelvan a presentar borradores de bases o estrategias para debate en el grupo porque, en caso de hacerlo, le han advertido que adoptarán la decisión de realizar la evaluación de la aplicación de la estrategia nacional en sus territorios mediante un grupo de trabajo especializado.


Defienden que los técnicos de las comunidades autónomas atesoran la mayor experiencia en la gestión real de la especie con “una evaluación más precisa que los que nunca han tenido esa responsabilidad”, independientemente de que el resto de las comunidades autónomas aporten su diagnóstico acerca de la situación en sus territorios con el fin de tener una visión global del estado de la especie antes de la aprobación de la nueva estrategia nacional.


También rechazan el protocolo de control de ejemplares del Ministerio por ser “inaceptable” y “manifiestamente inviable” y consideran que su aplicación práctica “es una artimaña para evitar cualquier control de ejemplares”. 


Las cuatro comunidades autónomas lamentan la política de comunicación llevada a cabo por el Ministerio en su intento de “confundir a la opinión pública” y “utilizar la desinformación como herramienta para su política de hechos consumados”.


Por todo ello, reiteran su rechazo absoluto a la propuesta del Ministerio de incluir al lobo ibérico en el LESPRE y a las formas que está utilizando para forzar la aprobación de esta medida, “rompiendo con usos y costumbres asumidos por todas las comunidades autónomas y el Gobierno de España de trabajar con consenso y sin adoptar decisiones que afectan a las autonomías sin el acuerdo de éstas”.


“Este comportamiento insólito amenaza con romper las fórmulas de leal colaboración y coordinación que hasta ahora nos habíamos dado y solo el Ministerio será responsable de las consecuencias”, finalizan.

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