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España es declarada oficialmente indemne de brucelosis ovina y caprina
EDICIÓN

España es declarada oficialmente indemne de brucelosis ovina y caprina

​El esfuerzo conjunto de las administraciones, los ganaderos y los veterinarios ha conseguido doblegar una enfermedad que provocaba importantes daños económicos y que suponía, además, un riesgo para la salud de las personas
Ovejas aragón
La declaración llega tras 25 años de aplicación de campañas de saneamiento ganadero.

España ha sido declarada por la Comisión Europea oficialmente indemne de brucelosis ovina y caprina y avanza hacia la erradicación de la brucelosis bovina en 2021, ya que se prevé que este año pueda ser declarada también la provincia de Cáceres, donde el último caso de brucelosis bovina se produjo en 2018.


Se trata de una gran noticia “histórica”, en palabras del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, para quien la nueva situación mejorará la competitividad agraria y ganadera del país tras 25 años de lucha contra la enfermedad y de aplicación homogénea de programas de erradicación a través de campañas de saneamiento ganadero, especialmente en los últimos años.


El esfuerzo conjunto de las administraciones, los ganaderos y los veterinarios ha conseguido doblegar una enfermedad que provocaba importantes daños económicos y que suponía, además, un riesgo para la salud de las personas.


Este nuevo estatus fue publicado en el DOUE el pasado cuatro de marzo, al reconocer como oficialmente indemnes de brucelosis ovina y caprina a las provincias de Almería, Granada, Málaga y Jaén, que todavía no lo estaban. Con ellas, todo el territorio nacional queda libre de la enfermedad.


Por su parte, la declaración de las provincias de Ávila, Badajoz, Cádiz, Córdoba, Huelva, Málaga, Palencia, Salamanca, Segovia y Sevilla como oficialmente indemnes de brucelosis bovina supone la inclusión en el correspondiente anexo de áreas indemnes de todas las comunidades autónomas, excepto Extremadura (falta Cáceres) y Cantabria, cuyo estatuto ya ha sido aprobado en el comité Permanente de Plantas, Animales, Alimentos y Piensos (PAFF por sus siglas en inglés) y será publicado próximamente. Por error, Salamanca y Badajoz no aparecían en la edición del DOUE, pero una carta de la Comisión Europea ayer, a todos los Estados miembros, subsanaba esta omisión.


Estas declaraciones se añaden a las efectuadas en los años anteriores, con lo que ya todas provincias españolas constan como oficialmente libres de brucelosis ovina y caprina y, en el caso de la brucelosis bovina, sólo quedará por ser declarada como oficialmente libre la provincia de Cáceres, que previsiblemente cumplirá las condiciones necesarias a lo largo de 2021.


La declaración de España como país oficialmente indemne de brucelosis ovina y caprina supone la culminación del esfuerzo realizado por las administraciones públicas y los sectores productivos iniciado a principios de los 90, con la implantación nacional del programa de erradicación. En ese momento, la prevalecía de rebaños positivos rondaba el 30 % y los casos humanos anuales se contaban por varios miles.


La estrategia inicial, basada en la vacunación de la reposición (hembras jóvenes destinadas a reemplazar a las madres) combinada con el chequeo serológico y el sacrificio de los animales positivos, contribuyó a un descenso inicial rápido de la prevalencia, hasta situarla en torno al 4 % a mediados de la década de los 2000.


El refuerzo del programa a partir de entonces, centrado en la vacunación obligatoria de la reposición en las zonas declaradas como de especial incidencia, junto con la intensificación de los vaciados sanitarios de los rebaños infectados en zonas próximas a la erradicación, ha supuesto la paulatina eliminación de la enfermedad en todo el territorio, pues en 2020 no se ha detectado ningún rebaño infectado por Brucela melitensis.


Esta nueva situación supondrá una flexibilización de determinadas medidas sanitarias, la mejora de la imagen ganadera de España y la ampliación de las posibilidades comerciales del sector, así como el consiguiente beneficio para la salud pública.

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