Veterinarios de Castilla y León, preocupados por el cambio en el estatus legal del lobo

El pasado 4 de febrero, la Comisión Estatal de Patrimonio Natural del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO) aprobó incorporar todas las poblaciones de lobo ibérico del país al Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial. Para ello se realizó una votación que contó con la participación de todas las comunidades autónomas excepto Ceuta y se refrendó gracias a tan solo un voto de diferencia.

Dicha decisión, cuya formalización legal depende aún de la publicación en el Boletín Oficial del Estado, fue amparada fundamentalmente por las comunidades autónomas que no cuentan con poblaciones estables de lobo ibérico en sus territorios. Por el contrario, contó con el rechazo frontal de las comunidades de Castilla y León, Galicia, Asturias y Cantabria, entre otras, precisamente donde el cánido cuenta con planes sostenibles de gestión que permiten su aprovechamiento cinegético, compatible con la presencia de más de un 90% del censo nacional.

“Ello supondrá un importante impacto negativo para el sector ganadero extensivo y semi extensivo de la comunidad autónoma, puesto que provocará un incremento en el número de daños a los ganaderos, principalmente de ovino y bovino. Es necesario recordar que, durante el año 2020, los ataques superaron los 2.500, de los que, más de 2.000 se produjeron al sur del Duero, donde la especie ya contaba con ese estatus de protección, mientras que, al Norte, con una gestión sostenible basada en cupos apoyados en criterios científicos, los daños son mucho menores”, advierten desde el Consejo de Colegios Veterinarios de Castilla y León.

Según explican, estos daños no solo generan un impacto directo en las ganaderías afectadas por la muerte de los animales por el lobo, sino otros indirectos vinculados al estrés post-traumático de los que sobreviven, que pueden suponer la aparición de enfermedades derivadas de la inmunosupresión provocada, así como problemas reproductivos vinculados a abortos, reducción en las tasas de fertilidad, y también pérdidas en la producción lechera o menores tasas de ganancia media diaria de peso. “Todo ello contribuirá, sin duda, al cierre de numerosas ganaderías en los próximos años, en un sector que es clave para el desarrollo rural sostenible y el mantenimiento de población en la ‘España vaciada’”, añaden.

Por ello, los veterinarios consideran que generalizar la protección total del lobo ibérico, sin considerar el necesario equilibrio que de forma continua debe establecerse entre sus variaciones poblacionales y el impacto que ocasiona, “es a todas luces una medida desacertada que debería ser reconsiderada. Es urgente contar con estudios científicos que orienten las actuaciones para compatibilizar la biodiversidad, que aporta el lobo, con la actividad ganadera extensiva, que preconiza el Pacto verde europeo”.

Así, reclaman que, previamente a implantar cualquier nueva medida, “es exigible evaluar su impacto, en su vertiente ambiental, social, económica y sanitaria”.

Por último, aseguran que la especie se encuentra lejos de requerir una protección mayor de la que ya tiene en la actualidad, “con estrictos planes de gestión basados en cupos que han demostrado ser capaces de conservar las mayores densidades de la especie por km2 de Europa y que están favoreciendo la recolonización de territorios donde no estaba presente desde hace varias décadas”.