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Piden mejoras en centros veterinarios para prevenir envenenamientos de fauna silvestre
Xavier Eritja, diputado del grupo parlamentario de Esquerra Republicana.

Piden mejoras en centros veterinarios para prevenir envenenamientos de fauna silvestre

​Un estudio de 1992 a 2017 sobre envenenamiento de fauna silvestre en España revela que han muerto alrededor de 21.260 animales envenenados por consumo de cebos
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El estudio “El veneno en España informe 2020”, realizado por las ONG VVWF, MAVA-Foundation pour la Nature, Birdlife Europe y SEO Birdlife, analiza la evolución del envenenamiento de la fauna silvestre en España durante el período de 1992 a 2017. Los datos revelan que durante este período han muerto alrededor de 21.260 animales envenenados por consumo de cebos, en un total de 9.700 episodios de envenenamiento. A su vez, se estima que la dimensión de la problemática puede ser mucho más alta ya que sólo se detecta una pequeña parte de los casos totales. Las principales especies afectadas son el buitre negro, el buitre leonado, el alimoche, el quebrantahuesos o el milano real. Así mismo, son víctimas todos los años del uso de cebos envenenados, aunque en menor medida, otros mamíferos como el oso pardo, el lobo ibérico, el lince ibérico o el zorro.


Los análisis toxicológicos realizados apuntan a una cifra de más de 80 sustancias utilizadas para el envenenamiento de fauna o la elaboración de cebos envenenados. El uso de estas sustancias no permite un empleo exclusivo sobre las especies a eliminar, sino que cualquier animal puede resultar intoxicado, incluido el hombre, causando así una muerte violenta. Los venenos más utilizados en España son el carbamato aldicarb, sustancia prohibida desde el año 2007, y que aparece en el 40% de los episodios registrados, seguido del carbofurano (24% de casos), prohibido desde 2008, y la estricnina (5%), prohibida desde 1994.


El informe revela una tendencia descendente en el uso de cebos envenenados en los últimos 10 años. No obstante, los expertos apuntan a que el sesgo a la baja en el número de animales en los que se confirma el envenenamiento puede deberse a una menor atención tanto en su recogida en campo como también, en caso de recogerse, a los informes de necropsia o analíticas toxicológicas, debido a la limitación de recursos.


“Todavía debe considerarse la masividad que caracteriza el veneno, con lo que pocos episodios pueden tener un amplio impacto sobre determinadas especies y su conservación, poniendo en grave riesgo la biodiversidad de los territorios. Esto es, aunque se registren menos episodios de veneno, la existencia de este método de control de depredadores en el medio natural supone un riesgo potencial para muchas especies que pueden verse afectadas por unos pocos incidentes. A su vez, las especies más afectadas y amenazadas por el problema siguen teniendo cifras de envenenamiento demasiado altas. Por lo tanto, lejos de desaparecer, el envenenamiento con cebos sigue siendo un peligro para la fauna silvestre, el medio ambiente y el bienestar humano”, apuntan desde el grupo parlamentario de Esquerra Republicana.


Ante estos hechos, el grupo parlamentario, a instancia del diputado Xavier Eritja, ha presentado una Proposición no de Ley sobre Prevención y contención de los envenenamientos ilegales de la fauna silvestres para su debate en instancia en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Presentan 12 propuestas entre las que destaca la necesidad de “dotar a las comunidades autónomas y a las administraciones competentes de los recursos necesarios para mejorar la dotación de centros veterinarios de fauna silvestre para poder realizar informes de necropsia de estas especies centinelas del veneno”.


Otras de las medidas que piden al Gobierno que implemente son que incremente las sanciones; una revisión de la estrategia contra el uso ilegal de cebos envenenados; apoyar proyectos que den cobertura a la red de laboratorios toxicológicos especializados en el análisis de mortalidad de fauna silvestre; dotar de unidades caninas propias a las comunidades autónomas que las requieran; dotar de equipos con personal experto de seguimiento de especies de fauna amenazada que tengan una presencia efectiva en los territorios; recursos necesarios para reforzar el número de agentes de las autoridades autonómicas; mejorar la formación de personal especializado; mejorar la formación en los servicios jurídicos y técnicos para una aplicación más frecuente de las posibilidades legales de la normativa administrativa ambiental; realización de campañas de sensibilización y prevención; y mejorar la capacidad técnica, en términos de personal y medios necesarios, de los Centros de Recuperación de Fauna y asegurar su funcionalidad plena, entre otras.

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