Exigen a la Generalitat Valenciana que regule las guardias de veterinarios de Salud Pública

Como ocurriera entre 2018 y 2019 cuando se logró paralizar el borrador de decreto de ‘Alerta precoz y respuesta rápida’, de nuevo, los presidentes autonómicos de todos los colegios sanitarios afectados han vuelto a poner su firma y respaldar la iniciativa promovida por el Consell Valencià de Col.legis Veterinaris (CVCV). Si entonces las entidades representativas de los colegiados farmacéuticos, médicos, enfermeros y veterinarios presionaron a Sanitat para que retirara aquel texto, esta vez se dirigen por carta al presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, para reclamar que se cumplan los compromisos adquiridos y se regule en 2021 las condiciones en que los sanitarios del área de Salud Pública tienen que realizar las guardias.

Como ya se informó el mes pasado, en el anteproyecto de Ley de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización para la Generalitat de 2021 no figura la disposición adicional que debería anunciar la regulación de este sistema de alertas. Esta ausencia difícilmente resulta compatible con el hecho de que en julio sí se colgara en la web de la Conselleria de Sanitat una resolución para que entidades, como el propio CVCV, realizaran alegaciones. En aquella disposición ahora eliminada sí se recogía la voluntad de regular para estos servicios un “concepto retributivo en las modalidades de presencia física y localizada”.

AGRAVIO AÑADIDO CON LA COVID

La carta dirigida a Puig y suscrita por Mercedes Hurtado (pta. Cjo de Médicos), Juan José Tirado (Enfermeros), Fe María Ballestero (Farmacéuticos) y la propia Inmaculada Ibor (CVCV) arranca recordando la “situación límite y de enorme agravio comparativo con respecto a otros profesionales de la Sanidad Pública” creada a raíz de la pandemia. Y concreta el perjuicio causado: “(...) en cuanto a dotación de medios, compensaciones económicas y hasta de reconocimiento público del trabajo realizado”.

La carta califica de “fundamental” el poder garantizar que estos profesionales den “una respuesta rápida y efectiva a las diversas situaciones que suponen un riesgo para la salud de la población”. Para lo cual -se insiste- “es necesario reforzar la Salud Pública, tener un sistema de prevención fuerte y disponer de una buena coordinación de las políticas” en esta materia.

EQUIPARACIÓN

De ahí que se reclame al jefe del Consell que impulse una regulación para el sistema de alertas que contemple el prometido “concepto retributivo” para las guardias y que éste se establezca “de forma equiparable al del personal estatutario de la misma categoría profesional de Instituciones Sanitarias de la Generalitat”. Hacer otra cosa, remarca más adelante, “sería una discriminación inadmisible”

ESCASOS RESULTADOS

La carta conjunta apela directamente a la mediación de Puig ante “los antecedentes y los escasos resultados obtenidos de las sucesivas iniciativas que hemos planteado a la Administración”. Motivos por lo que le instan a que ordene continuar con los “trámites preceptivos ya iniciados atendiendo a la imperiosa necesidad de disponer de un sistema regulado de atención a las alertas y emergencias en Salud Pública”.