Piden contar con veterinarios para aplicar el protocolo COVID-19 en colegios

El Sindicato Veterinario Profesional de Asturias (Sivepa) ha advertido a las autoridades sanitarias del Principado de Asturias de la alta probabilidad de una elevación incontrolada de casos COVID-19 entre la población de riesgo a partir de finales de octubre y principios de noviembre, ya que “epidemiológicamente estaría totalmente contraindicado agrupar a los menores escolarizados sin haberles realizado un cribado PCR para detectar los asintomáticos antes de iniciar las clases si lo que se pretende es minimizar la transmisión de la enfermedad”.

“Hay que considerar que, a consecuencia de los 14 días de incubación media que presenta la COVID-19, durante las primeras 2 a 3 semanas, con alta probabilidad, se produciría una importante transmisión entre menores, y pasadas otras 2 a 3 semanas, lo esperable es que empezaran a aparecer adultos con sintomatología, entre ellos las personas de riesgo”, indican.

PROTOCOLOS EN CENTROS EDUCATIVOS

Por otra parte, Sivepa recuerda que la adaptación de los protocolos generales frente a COVID-19 a centros educativos concretos requiere de formación sanitaria especializada para que sean eficaces y no cometer errores en su aplicación que disminuyan su eficacia o generen riesgos innecesarios y, sin embargo, denuncian que “se ha trasladado esta responsabilidad al personal docente, que carece de forma general de conocimientos suficientes acerca de la transmisión ambiental del virus. Así, cabe esperar probablemente que, en gran número de casos, estos protocolos sean mucho menos eficaces”.

Para minimizar estos problemas, el sindicato veterinario ha solicitado como primera medida a las consejerías de Salud y Educación, utilizar todos los mecanismos posibles para aumentar la capacidad de realización de pruebas PCR intentando hacer un cribado inicial de los alumnos para evitar la entrada en un primer momento de asintomáticos y, posteriormente, cribados periódicos cada 2 o 3 semanas para detectar los nuevos asintomáticos y someterlos a cuarentena. “Con el fin de aumentar la capacidad de testaje COVID-19, se insiste nuevamente en activar el Laboratorio de Sanidad Animal, que ya hace labores de Salud Pública en la detección de zoonosis, tiene alta capacidad para la realización de PCR con total garantía, está autorizado por el Instituto de Salud Carlos III, y no se está utilizando para la detección de COVID-19 en la actualidad”, añaden.

Como segunda medida, requieren a la Administración que ayude a los centros escolares a adaptar con acierto las medidas sanitarias generales de los protocolos frente a COVID-19 con personal sanitario especializado. La organización recuerda que todos los centros con cocina y comedor ya tienen asignado un Veterinario Oficial de Salud Pública, que es lo que comúnmente conocemos como Inspector de Sanidad, y que son expertos y competentes legalmente en la revisión y corrección de la adaptación de protocolos sanitarios de protección frente a riesgos sanitarios de diversa índole, incluidos los riesgos de transmisión ambiental de zoonosis como el COVID-19 o los riesgos alimentarios de todo tipo. El sindicato propone que se utilice a estos inspectores para ayudar a los responsables de los centros a corregir errores o problemas en la adaptación de los protocolos sanitarios COVID-19.