Piden que los inspectores de Salud Pública supervisen los protocolos de los colegios

La Consejería de Sanidad de Castilla y León ha puesto en marcha el desarrollo de una Instrucción de la Dirección General de Salud Pública sobre actuaciones de control, verificación e inspección del cumplimiento de las medidas de prevención e higiene exigidas por la legislación nacional y autonómica para la prevención y contención de la COVID-19. Dichas inspecciones las llevarán a cabo los Servicios Oficiales de Salud Pública en todos los centros y establecimientos sanitarios (oficinas de farmacia, ópticas, ortopédicas, audioprótesis, etc.), piscinas, centros de anillado, perforado y tatuajes, comedores colectivos, bares, restaurantes y todo tipo de industrias alimentarias. Y todo ello con el fin de mejorar la actual situación epidemiológica que evidencia un claro repunte de la incidencia de los casos y el consiguiente riesgo de volver a vivir un claro retroceso sanitario que de nuevo colapsaría el sistema asistencial.  

Por este motivo y en la misma línea, la Consejería de Educación, con el asesoramiento de la Dirección General de Salud Pública, ha elaborado un Protocolo de Prevención y Organización del Regreso a la Actividad Lectiva en los Centros Educativos de Castilla y León para el curso escolar 2020-2021 que se conforma en dos bloques, el primero que incluye medidas de carácter preventivo, y el segundo que incorpora medidas de carácter educativo; y todo ello, en cumplimiento del Acuerdo 29/2020, de 19 de junio, por el que se aprueba el Plan de Medidas de Prevención y Control para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.

Para poner en práctica dicho protocolo y desarrollar las diferentes medidas relacionadas con la crisis de la COVID-19 para el curso académico 2020/2021, se ha creado un equipo coordinador que estará constituido, al menos, por el director y el secretario de cada centro docente.

Sin embargo, la Unión Sindical de Castilla y León asegura que están observando a través de los afiliados a esta Organización Sindical, y de los propios medios de comunicación, que los docentes se quejan amargamente de que se les impone obligatoriamente una responsabilidad que no les corresponde, porque, según manifiestan, ellos no son sanitarios, ni rastreadores, ni técnicos de prevención de riesgos laborales…

Así, proponen a la Consejera de Sanidad la creación de equipos de supervisión, seguimiento y control de dichas medidas. “Dichos equipos deberían estar conformados por los técnicos de Salud Pública (farmacéuticos, veterinarios, enfermeros, médicos, etc.) de los Servicios Territoriales de Sanidad y de las Zonas Básicas de Salud y Demarcaciones Farmacéuticas, en colaboración con los Técnicos de Prevención de Riesgos Laborales de las Delegaciones Territoriales y, en su caso, con los Inspectores de Trabajo y Educativos”, explican.

“Desde USCAL brindamos a las consejerías nuestra disposición para colaborar en la constitución de estos Equipos, la elaboración de los protocolos complementarios de supervisión, seguimiento y control de las medidas de bioseguridad que sean necesarias, así como de educación para la salud de los docentes y alumnos, y de cuantas actuaciones sean necesarias para abordar los planes de contingencia de la COVID-19, y abortar los brotes que sin duda van a surgir con el regreso de los alumnos y profesores a las aulas en el curso escolar que comienza en septiembre”, añaden.

Asimismo, y considerando que también se está elaborando un nuevo protocolo de COVID-19 en las Residencias de Personas Mayores y Centros Sociosanitarios, “desde USCAL consideramos necesaria la participación activa de los referidos Técnicos de Salud Pública en términos similares a los expuestos para los centros educativos”.