Los rectores exigen a los políticos mejoras para las universidades

La Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) ha presentado a los diferentes partidos políticos un decálogo de medidas ante el “desinterés” mostrado durante la campaña electoral al sistema de educación superior.

“Apenas se ha hablado de la Universidad, pese a ser, supuestamente, un elemento central de la estrategia de desarrollo social y económico de España”, denuncian.

La primera medida del decálogo, una “hoja de ruta estratégica que incluye tanto las grandes reformas legislativas como las acciones políticas concretas y urgentes que se deben emprender”, es una nueva ley de universidades.

“En septiembre de 2018, solicitamos al Parlamento la promulgación de una nueva ley universitaria que, desde la confianza de las administraciones públicas, nos permita afrontar los retos actuales”, señalan.

Según los rectores, los dos principios fundamentales sobre los que debe articularse esta ley son, “amplio respaldo de las fuerzas parlamentarias para que la nueva norma tenga la estabilidad que la Universidad precisa para planificar su futuro”, y disponer de “autonomía real para adaptarse a un entorno global en continuo cambio”.

Por otra parte, reclaman una “financiación asegurada” del sistema universitario español debido a que “las universidades españolas siguen sin recuperar los niveles de financiación de 2008”.

“Mientras que España respondió a la crisis del último decenio recortando en Educación, los países de nuestro entorno hicieron lo contrario y aumentaron los recursos destinados a la Universidad. Esa brecha de financiación es hoy en día mucho mayor que antes de la crisis y, a largo plazo, un suicidio para la sociedad española”, avisan.

Además, piden un “la plena reposición de las plantillas y estabilización de las plazas de carácter temporal asociadas a las necesidades estratégicas de la Investigación; aprobar un Estatuto del Personal Docente Investigador (PDI) que incentive la carrera investigadora”.

Otra de las peticiones es “revisar y reformar la oferta y la estructura de grados y másteres en orden a un mayor ajuste con las demandas sociales y del tejido productivo, y revisar la evaluación de la docencia para revalorizarla”.

En el ámbito de la investigación, transferencia e innovación, resaltan que “las universidades realizan más del 60% de la investigación que se lleva a cabo en España”. Por ello, buscan que se mejore la financiación y la carrera del investigador.

Por otro lado, defienden la igualdad de oportunidades y derechos de los estudiantes, aumentar becas y ayudas a los estudios, reducir los precios de las matrículas públicas, impulso a la internacionalización, apoyo institucional a CRUE y transparencia y rendición de cuentas.