El Gobierno rectificará la normativa sobre la cotización de las prácticas veterinarias

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha acogido la reunión, mantenida en el día de ayer, 16 de enero, entre este Departamento, el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) sobre la aplicación de la Disposición Adicional Quinta –referida a la obligatoriedad de incorporar al régimen general de la Seguridad Social a los estudiantes que realizan sus prácticas académicas externas- del Real Decreto Ley 28/2018 (BOE de 29 de diciembre) para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo, como ya informara Diario Veterinario.

Desde la CRUE señalaron hace unos días que no habían contado con ellos para el desarrollo de la nueva normativa, y es que dicha normativa suscitaba muchas dudas respecto a quienes debían soportar los gastos de la aplicación del nuevo Real Decreto.

En un principio, todo parecía señalar a que las Universidades debían ser quienes asumieran los costes de la obligatoriedad de registrar a los estudiantes en la Seguridad Social para poder llevar a cabo las prácticas, en algunos casos obligatorias, como es el caso de la Veterinaria que incluye en sus programas de estudio la obligatoriedad de estas para poder finalizar el Grado de Veterinaria.

Por ello, la CRUE solicitaba “urgentemente” una reunión con el Gobierno para abordar la situación. Así, en la reunión mantenida, ambas instituciones han expuesto sus argumentos y desde CRUE celebran “la decisión del Gobierno de abrir un diálogo para el desarrollo de la nueva normativa referida a las prácticas académicas externas y valora muy positivamente su predisposición a que las universidades no soporten gastos añadidos por su aplicación”.

Por su parte, El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha expuesto la intención del Gobierno de construir los mejores acuerdos sobre esta cuestión con el objetivo único de favorecer la actividad académica de universidades y estudiantes, es decir, que las primeras no soporten gastos añadidos y los segundos ganen en derechos de protección social.

“La citada norma pretende mejorar las prácticas académicas sin alterar su desarrollo formativo y reforzar el sistema de protección social de los estudiantes españoles. Al incorporarse al régimen general de la Seguridad Social, las prácticas externas mejoran, además, en transparencia para las empresas y en eficiencia para el sistema universitario y de la Administración General del Estado”, apuntan desde el Ministerio de Ciencia.

Por otra parte, en el mismo clima de confianza mutua, se ha convenido que cualquier disposición normativa que pudiera producirse no será de aplicación hasta el próximo curso universitario 2019-20.

Por último, el diálogo sigue abierto con los rectores y los otros sectores de la comunidad universitaria, y en una próxima reunión, que tendrá lugar en el espacio de quince días, se estudiará un informe de CRUE sobre prácticas académicas en las distintas titulaciones.