Las agresiones que sufre el profesional veterinario

José Marín Sánchez Murillo, presidente del Colegio de Veterinarios de Badajoz.
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En la actualidad, el trabajo que desempeñan los veterinarios es fundamental para el desarrollo de la sociedad en general. La profesión veterinaria se encarga de combatir y prevenir las enfermedades de los animales, realizan tareas de producción, reproducción y bienestar animal, medio ambiente, etc.


Son la primera línea de defensa ante las zoonosis, llevando a cabo su prevención, diagnóstico y control para evitar el contagio a las personas. En esta última faceta de Salud Pública, realizan funciones relacionadas con la Seguridad Alimentaria para que todos los productos de origen animal lleguen al consumidor en condiciones óptimas de salubridad.


Aun ejerciendo labores en beneficio de los animales y de las personas, estos profesionales se ven, en ocasiones, agredidos por personas que creen haber sido lesionados en sus derechos y se ven, por tanto, legitimados para llevar a cabo la correspondiente agresión al profesional en el ejercicio de su labor diaria.


Quizás los más perjudicados en este sentido sean los veterinarios que ejercen su función inspectora en el ámbito de la Salud Pública. Del mismo modo, son también víctimas de agresiones los veterinarios que ejecutan las campañas oficiales de erradicación de enfermedades animales (muchas de ellas transmisibles a las personas), haciéndoles responsables de las consecuencias negativas que conlleva la nueva calificación sanitaria de la explotación ganadera.


Relacionado con lo anteriormente expuesto, el 1 de julio de 2015 entró en vigor la modificación del Código Penal que endurece las penas en los delitos cometidos en el ámbito sanitario público, con la extensión del delito de atentado contra la autoridad del artículo 550 del Código Penal a las agresiones e intimidaciones graves sufridos por los profesionales sanitarios. Sin embargo, solamente se tipifican las conductas ejercidas sobre un funcionario sanitario y no contra un sanitario de un centro privado, cuando realmente ambos prestan un servicio esencial, en aras al derecho constitucional de todos los ciudadanos a la protección de la salud.


Como la mayor parte de los problemas vienen como consecuencia de su labor inspectora en tareas de Salud Pública, conviene recordar que aún está plenamente vigente el Real Decreto 1945/1983, de 22 de junio, por el que se regulan las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agro-alimentaria. En su artículo 13.1 se menciona expresamente que “los inspectores tendrán el carácter de autoridad y podrán solicitar el apoyo necesario de cualquier otra, así como de los Cuerpos de Seguridad del Estado”.


Por otra parte, es preciso evitar el alarmismo ya que, en ocasiones, y en especial ante los casos excepcionales, es mayor la repercusión mediática que se les da que la magnitud del problema. Se trata, en definitiva, de un fenómeno que, aun siendo minoritario, cada día va en aumento. Por lo cual si queremos un sistema sanitario de calidad es imprescindible recuperar un espacio con garantías para el ejercicio de los profesionales y ahora estamos a tiempo si se aplican las medidas de prevención y detección necesarias.


Aun siendo minoritarios los casos de agresiones a profesionales veterinarios, la Organización Colegial Veterinaria Española no debe ser ajena a un problema, como lo es también el “ciberacoso” que, va en aumento. Por eso, se debe crear un “Observatorio” a través de los Colegios Profesionales de cada provincia, que recoja y registre todos los casos de agresiones.


Se deben también establecer planes de formación específicos para mejorar las estrategias de comunicación entre veterinario y usuario/cliente, así como manejar situaciones de riesgo, designar un equipo o persona responsable para asumir las actuaciones de apoyo al veterinario agredido, aplicar el protocolo de actuaciones ante la aparición del hecho violento, elaborar y difundir entre los colegiados una guía con todos los medios disponibles, etc.


Por todo ello las conductas violentas, aunque no lleguen a la agresión física, no deben permitirse en ningún caso, puesto que rompen algo tan básico como el vínculo de confianza que se establece en la relación veterinario-cliente/usuario. Además, esa conducta agresiva, si no es sancionada como se merece, puede influir en que el veterinario ceda y caiga en una permisividad y condescendencia que no solo constituye una mala praxis, sino que va en perjuicio de la sostenibilidad del SNS acarreando un serio problema de Salud Pública al poner en riesgo la salud de las personas.

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