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La subida salarial de los veterinarios públicos, a partir del 1 de julio
EDICIÓN
Meritxell Batet, ministra de Función Pública y Política Territorial.

La subida salarial de los veterinarios públicos, a partir del 1 de julio

La subida salarial que se hará efectiva el próximo mes de julio, afectará a 2,5 millones de empleados públicos que componen el sector, entre ellos los veterinarios.
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Meritxell Batet, ministra de Función Pública y Política Territorial, ha apuntado este martes que la subida salarial definitiva de los empleados públicos, entre los que se incluyen los veterinarios, "se fijará por acuerdo en un Consejo de Ministros para desplegar sus efectos a partir del 1 de julio”.


Así lo ha señalado durante su intervención en el Pleno del Congreso para defender el real decreto por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del Sector Público, que contempla la subida de al menos un 2,25% de la retribución de millones de empleados públicos para el ejercicio 2019, cifra a la que podrá sumarse un 0,25% ligado a la evolución del PIB y otro 0,25% procedente de fondos adicionales.


De esta forma, si el avance del PIB del año anterior es igual al 2,1%, el incremento salarial final, contando con la subida fija del 2,25%, será del 2,30%, mientras que si la economía española crece un 2,2%, el incremento total del sueldo será del 2,35%, del 2,40% si el PIB es igual al 2,3%, del 2,45% si el PIB es igual al 2,4% y del 2,5% si la economía acaba el año con un crecimiento igual o superior al 2,5%.


Por su parte Batet, ha avanzado que la cuantía definitiva se fijará mediante un acuerdo en el Consejo de Ministros y tendrá efectos a partir del 1 de julio.


En este sentido, la subida salarial concretamente afectará a 2,5 millones de empleados públicos que componen el sector, entre ellos los veterinarios, en sus tres administraciones, "y sus efectos tendrán consecuencias positivas para la ‘dinámica’ económica, ya que si no se hubiese aprobado vía decreto, la congelación salarial derivada de la prórroga presupuestaria habría supuesto complejidad e incertidumbre”, ha apuntado la ministra de Función Pública y Política Territorial.


Y es que según Batet, era preciso que las administraciones locales pudieran trasladar "en tiempo y forma" normativa los criterios retributivos para este 2019, año en el que los entes locales y buena parte de los autonómicos celebran elecciones, puesto que de lo contrario se habría podido producir un gran retraso y la imposibilidad de su aplicación en el presente ejercicio.


"Este decreto ley no son los PGE, ni tiene sentido que se convierta en un Presupuestos dos", ha apostillado, quien además ha recordado que el real decreto ley es consecuencia del acuerdo alcanzado por el anterior Ejecutivo fruto de las negociaciones, con un marco a tres años para "tratar por igual a todos los empleados públicos con independencia del sector al que pertenezcan".


Con la norma, se profundiza en la aplicación de mecanismos que vinculan la evolución salarial con la marcha de la economía, en un camino de "creciente importancia en los próximos ejercicios".


Además, la titular de Función Pública ha defendido la "política de recuperación de capacidades y recursos de la Administración" del Gobierno, porque está "necesitada de impulso, muy especialmente en recursos humanos", ante su "problema de envejecimiento", y la reducción drástica del número de empleados y de condiciones.


Así, ha recordado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha aprobado la mayor oferta de empleo público desde 2008, ha asumido la reducción de temporalidad al 8%, para lo que ayer firmó la estabilización de 2.500 plazas correspondientes a la oferta de 2018.

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